El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el nuevo decreto anticrisis aprobado por el Gobierno para mitigar los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio y de la volatilidad de los mercados energéticos. La norma ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara, mientras que el Partido Popular y Podemos se han abstenido y Vox ha votado en contra.

El decreto, que ya estaba en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, sustituye parcialmente al primer paquete de medidas aprobado en marzo, cuya vigencia expiró a finales de junio. El Ejecutivo considera que la continuidad de la crisis internacional hace necesario mantener un escudo fiscal para contener el impacto sobre familias, empresas y sectores estratégicos.

La principal medida es la reducción del impuesto especial de hidrocarburos durante los próximos tres meses. La rebaja será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre.

Eso sí, desaparece la rebaja del IVA de los carburantes al 10% que contemplaba el anterior decreto, una decisión que el Gobierno justifica por las recomendaciones de la Comisión Europea.

Además, el texto incorpora una cláusula automática que permitirá recuperar una ayuda de hasta 20 céntimos por litro si el conflicto provoca un nuevo repunte de los precios de la energía. También se revisará mensualmente la evolución de la inflación y, si el incremento supera el 15% interanual, podrán reactivarse las rebajas fiscales para el gas y la electricidad.

El descuento equivalente a 20 céntimos por litro continuará vigente para los profesionales del transporte y para el sector primario.

En el caso de la agricultura, el Ejecutivo suma 165 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes, una cantidad que se añade a los 500 millones ya previstos en ayudas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará que las estaciones de servicio trasladen las rebajas fiscales al precio final de los combustibles. Hasta ahora, el Gobierno asegura haber detectado comportamientos irregulares en únicamente 52 gasolineras.

El decreto también recoge una de las principales demandas defendidas por PP y Junts: la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica.

Actualmente fijado en el 7%, el gravamen se reducirá hasta alrededor del 5% durante lo que resta de 2026, bajará hasta el entorno del 3,5% en 2027 y desaparecerá completamente en 2028.

Según las estimaciones del Ejecutivo, esta medida permitirá aumentar la producción industrial en unos 2.600 millones de euros anuales y favorecerá la creación de 3.700 empleos.

Las empresas beneficiarias de las ayudas públicas seguirán sujetas a las condiciones ya establecidas en anteriores decretos. Entre ellas figura la prohibición de realizar despidos por causas vinculadas al conflicto y la obligación de disponer de un Plan de Movilidad Sostenible para sus trabajadores.

Asimismo, el Gobierno flexibiliza la ejecución de inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para facilitar el cumplimiento de los proyectos financiados con fondos europeos.

El Ejecutivo recuerda que permanecen vigentes durante todo 2026 las principales medidas del denominado escudo social. Entre ellas destacan los descuentos reforzados del bono social eléctrico, el aumento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta los 50 euros y la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a los hogares vulnerables.

En conjunto, el nuevo decreto supondrá un esfuerzo fiscal de 1.825 millones de euros durante 2026, al que se sumarán otros 2.700 millones derivados de la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica en los dos años siguientes.