Y es el Congreso, por ser la Cámara que inviste, el que fija el verdadero alcance político de lo ocurrido. Que su mayoría absoluta instara ayer al presidente a dimitir o, en su defecto, a someterse a una cuestión de confianza tiene un efecto demoledor: un presidente decente atendería una de las dos opciones. La razón es elemental: la moción aprobada por 178 votos de PP, Vox –que aportó 32 escaños porque uno de sus diputados no votó–, Junts, UPN y CC no es vinculante, pero sí suficiente para demostrar que no tiene la confianza de los representantes de la soberanía popular.

Es un anticipo de lo que ocurriría con una cuestión de confianza que no presentará. Es, además, la razón por la que no ha presentado los Presupuestos: el incumplimiento constitucional evitó confirmar que carece de mayoría desde 2024 y que quedaba obligado a convocar elecciones al año de ser investido.

Pero la victoria del PP no se limita al resultado. Consiste en haberlo logrado explotando la propia fragilidad de un Ejecutivo prisionero de sus socios independentistas y atrapado en esta legislatura inviable.

La Mesa del Congreso, convertida en correa de transmisión del Gobierno, bloqueó que la iniciativa de ayer incluyese –el Senado sí lo hizo– la exigencia de convocar elecciones. El argumento de que esa prerrogativa corresponde en exclusiva al presidente es endeble: exactamente lo mismo sucede con la cuestión de confianza y, empero, se votó; además, la Cámara está legitimada a instar políticamente todas esas acciones reservadas al jefe del Ejecutivo.

La astucia del PP fue reproducir la redacción que la propia Mesa había validado meses antes a Junts en una proposición no de ley que nunca se votó porque fue retirada. El resultado es un jaque mate parlamentario: dimita o no, queda acreditado que no cuenta con la confianza de la Cámara para gobernar, acorralado por la corrupción.