España está utilizando cada vez de manera más recurrente el mecanismo que protección del sistema eléctrico que permite parar fábricas de la gran industria para reducir rápidamente el consumo de luz y evitar desajustes en todo el sistema eléctrico. Desde que se puso en marcha, en septiembre 2022, y hasta finales del año pasado Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, sólo lo había utilizado en cinco ocasiones. Sólo en lo que va de este año, ya van otras siete (cinco en el último mes)

El Gobierno puso en marcha durante la anterior crisis energética un mecanismo que permite forzar la parada de grandes factorías para recortar de urgencia la demanda de electricidad si hay riesgo de desequilibrios graves, en caso de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda el consumo previsto y contar con margen de reserva de sobra. REE ha tenido que utilizar este servicio en doce ocasiones desde su puesta en marcha hace algo menos de cuatro años: una en 2023, cuatro en 2024, ninguna en 2025 y otras siete ya este año. Las de este año tiene dos particularidades: por un lado, que cinco de las activaciones se han registrado en el último mes, debido a descensos inesperados de la producción de renovables; por otro, que tanto en enero como el pasado julio REE tuvo que ordenar la activación dos veces en un solo día.

El sistema de respuesta activa de la demanda (SRAD), que así se llama el mecanismo, no sale gratis y tiene un coste millonario para todos los consumidores. Los grupos industriales se ofrecen para reducir o paralizar su actividad y su consumo de luz en caso de ser necesario y a cambio reciben una retribución que se carga en el recibo de luz de todos los clientes. En cuatro años, ese sobrecoste en la factura eléctrica ronda ya los 1.000 millones de euros.

El sistema reparte retribución a las empresas industriales que se presentan voluntariamente y que resultan adjudicatarias en las subastas que Red Eléctrica celebra periódicamente (antes cada año y ahora cada seis meses). Una remuneración que pagan todos los clientes a través del recibo de la luz. Las dos subastas realizadas para atender el mecanismo durante todo este año implicará que los consumidores paguen 434 millones en el conjunto de 2026, que se suman a los 520 millones ya abonados en ejercicios previos desde que el mecanismo se puso en marcha a mediados de 2023. En total, la factura eléctrica ha asumido en este tiempo 954 millones en pagos a las fábricas dispuestas a parar a modo de retribución fija, pero a ésta se suman pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección.

Unos cobros variables y ocasionales cuya cuantía se determina en función de la electricidad que se deja de consumir y del precio medio que marca el mercado mayorista de electricidad durante el periodo en que las factorías paran su actividad (ahora establecido en un máximo de dos horas, pero en años anteriores la duración podía llegar a las tres horas). Sólo este año, esos pagos variables por utilizar el servicio ascienden a unos 3 millones de euros adicionales.

REE suele tener que utilizar el mecanismo de urgencia por las noches, a unas horas en que aún hay mucho consumo y en que la producción de las energías renovables es menor. Y son esas horas en las que también el precio del mercado mayorista de la electricidad marca los precios más caros de toda la jornada. En los últimos meses el precio de la electricidad está alcanzando picos disparados por la volatilidad provocada por la guerra en Oriente Medio, así que las activaciones del SRAD se están haciendo a precios de mercado mucho más altos que en años anteriores.

A pesar de que el coste del escudo de salvaguarda ronda ya los 1.000 millones de euros, el sistema de reacción parando fábricas resulta más barato que otras opciones para resolver posibles desajustes, como por ejemplo activar centrales de gas para elevar la producción de electricidad. Precisamente desde el apagón de abril del año pasado y todavía ahora, Red Eléctrica está aplicando un modo de operación reforzada para reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo colapso, frenando un poco el uso de las renovables y primando la utilización de energías tradicionales, especialmente las centrales de gas. Una seguridad extra que está implicando también un mayor precio final de la electricidad y que acumula ya un sobrecoste de más de 800 millones de euros en menos de año y medio.

El actual servicio de respuesta activa de la demanda vino a sustituir al antiguo programa de interrumpibilidad que estuvo vigente en España durante más de una década, desde 2008 y a 2019. El nuevo sistema busca evitar desequilibrios entre generación y demanda en el conjunto de España integrándose en los propios servicios de ajuste del sistema, mientras que la anterior interrumpibilidad era un escudo para situaciones de seguridad de carácter local tanto por falta de suministro o por grandes subidas del precio de la electricidad. En el actual servicio participan apenas una veintena de compañías, el antiguo sistema retribuía a más de un centenar de grandes factorías.

El servicio de interrumpibilidad tuvo un coste que se cargaba en los recibos de la luz de un total de 5.258 millones de euros durante los doce años en que funcionó (en 2019 el importe fue de unos 200 millones de euros, pero en ejercicios previos se superaban de manera permanente los 500 millones anuales e incluso en 2014 se rozaron los 660 millones de euros)

Entre 2008 y 2017, toda una década, Red Eléctrica casi no utilizó el sistema de interrumpibilidad, ordenando en todo ese tiempo el paro forzoso de fábricas durante sólo cinco horas. En los dos últimos años en que estuvo vigente, una reforma legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy facilitó la activación del sistema por motivos económicos, para evitar fuertes subidas de precios en el mercado eléctrico por desajustes entre oferta y demanda. En 2018 la interrumpibilidad se activó en 50 ocasiones, en 2019 sólo funcionó tres veces.

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