La sociedad va evolucionando y conductas que antaño se toleraban, o se ocultaban, como la violencia machista o las agresiones sexuales verbales, hoy son perseguidas. Propongo una reforma penal quizás estrambótica: los delitos contra las infraviviendas.

La escasez de hogares, unida al aumento de la población emigrante sin recursos, ha dado lugar en Palma a unas prácticas inhumanas: los pisos patera, las sobreocupaciones, los alquileres de camas por horas, la oferta de viviendas sin las debidas condiciones de habitabilidad, la ausencia de mantenimiento…

Uno de los últimos casos ha ocurrido en mi barrio, Son Dameto. El Govern ha propuesto una multa de 47.200 euros al dueño de un piso con un aforo de 6 personas, trucado para albergar hasta 13 ocupantes. El expedientado transformó el comedor en tres habitaciones, habilitó otros tres cuartos en anexos de la cocina y convirtió el garaje en la sala de estar. La reforma fue muy lucrativa: tenía trece inquilinos en vez de seis y solo cinco poseían contrato en regla. El desaprensivo, presuntamente, se embolsaba al mes varios miles de euros, muchos de ellos en negro.

Estas situaciones son frecuentes en Ciutat, según explican al periodista Ferran Guijarro desde la conselleria de la Vivienda y desde la asociación de defensa de los consumidores Consubal. Existe un obstáculo muy poderoso para detectarlas y perseguirlas: el miedo de las víctimas a quedarse sin techo si denuncian al explotador.

Casi 50.000 euros de multa no es algo baladí. Sabe a poco.

Los delitos urbanísticos existen desde 1995 en España. El bien jurídico protegido por esta norma es el uso racional del suelo y la ordenación del territorio. “Esto garantiza un funcionamiento social equilibrado basado en la buena convivencia”, explican desde Sierra Abogados.

Se trata de impedir que cada uno haga de su capa un sayo. En Mallorca hay cientos de casos de estas malas prácticas: se levantan chalés sobre suelo rústico no edificable, se urbanizan espacios protegidos, proliferan las piscinas ilegales…

La sociedad debe defenderse ante los espabilados caraduras. El recurso del Código Penal corre paralelo a la vía administrativa, donde también se imponen multas y se acuerdan demoliciones.

La sanción penal puede extenderse a los dueños, promotores, arquitectos y constructores de las obras ilegales. Se aplica por igual a personas físicas y sociedades. Es muy importante el derribo de lo ilegalizable y la restitución del paisaje original.

En este tipo penal debería inspirarse la figura del delito contra las infraviviendas. El bien jurídico protegido sería doble: el derecho a una vivienda digna para todas las personas y la tranquilidad del resto de vecinos, muchas veces perturbados por las sobreocupaciones y los pisos patera.

El constructor, el albañil, que modificó la casa o habilitó zulos en trasteros y sótanos inmundos y sin ventilación, también se sentaría en el banquillo.

Tampoco estaría mal desempolvar otras figuras delictivas, como las coacciones para intentar combatir la pasividad de algunos caseros a la hora de arreglar humedades y desperfectos varios o de presionar, con todo tipo de abusos, a los ocupantes de las casas para que las abandonen.

El Código Penal no es la fórmula mágica para solucionar profundos problemas de la sociedad o reprimir totalmente conductas deleznables y que atentan contra el conjunto de la población. Pero algunos merecen ser investigados, juzgados y condenados por ser caseros sin alma.

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