Cuatro años después de que el médico jubilado Carlos San Juan sacudiera el debate público con la campaña #SoyMayorNoIdiota, la relación entre la banca y las personas mayores vuelve a situarse en el centro de la agenda política. Aunque se han producido avances en accesibilidad e inclusión financiera, las asociaciones de mayores recuerdan que el problema de fondo sigue sin resolverse: millones de ciudadanos continúan encontrando barreras para realizar gestiones bancarias básicas debido al cierre de oficinas, la reducción de la atención presencial y una digitalización que no siempre tiene en cuenta las diferentes capacidades de la población.

El último paso llega con el compromiso del Ministerio de Economía de reactivar en septiembre la tramitación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, una norma largamente esperada por asociaciones de usuarios y organizaciones de mayores.

El nuevo organismo permitirá resolver de forma gratuita las reclamaciones frente a bancos, aseguradoras y entidades de inversión en un plazo máximo de 90 días, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Su objetivo es reforzar la protección de los clientes, especialmente de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha recibido positivamente el anuncio, aunque insiste en que la futura autoridad debe ir acompañada de medidas efectivas que garanticen una atención personalizada y accesible. La reivindicación trasciende a las personas mayores: también afecta a ciudadanos con discapacidad, habitantes del medio rural y a quienes, por diferentes circunstancias, no poseen competencias digitales suficientes.

El reto no es menor. España ha avanzado en la extensión de puntos de acceso al efectivo, reduciendo a la mitad la población que vive en municipios sin servicios financieros cercanos. Sin embargo, los datos del propio Foro de Inclusión Financiera muestran que el riesgo de exclusión sigue concentrándose en las personas mayores con menor alfabetización digital, especialmente en localidades pequeñas. La tecnología ha facilitado muchas operaciones, pero cuando sustituye completamente la atención humana puede convertirse en una nueva forma de desigualdad.

Precisamente por ello, el Gobierno ha anunciado el refuerzo de Correos Cash, que permitirá recibir efectivo gratuitamente en el domicilio de los residentes en municipios de menos de 500 habitantes, aprovechando la red de reparto postal para acercar servicios financieros donde la banca ya no llega.

La transformación digital es irreversible, pero no puede construirse dejando atrás a quienes más apoyo necesitan. La innovación solo es verdaderamente inclusiva cuando amplía derechos en lugar de restringirlos.

Garantizar que cualquier persona pueda acceder a su banco con autonomía, comprensión y un trato digno no es una cuestión de nostalgia por la atención presencial, sino de ciudadanía, igualdad y cohesión social.

Redacción

En Positivo

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