El acuerdo de asignación de derechos gratuitos de emisión para el periodo 2026-2030, que aprobó el martes el Gobierno, beneficiará a más de 650 instalaciones industriales y, a los precios actuales, su valor económico ascenderá a unos 3.000 millones de euros al año, ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según el departamento que encabeza la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, las asignaciones aprobadas implicarán un recorte respecto a las vigentes en años anteriores "en línea con un escenario de mayor ambición en la lucha contra el cambio climático".

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta de los ministerios de Industria, Economía y Transición Ecológica, el acuerdo de asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para las instalaciones obligadas por la normativa comunitaria.

El acuerdo afecta a 664 instalaciones de todos los sectores industriales y el promedio anual de derechos asignados ascenderá a 38,1 millones en el periodo 2026-2030.

Si se compara el último año del periodo anterior (2025) con el primero de este (2026), la reducción de derechos de emisión será del 1,6%, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Como consecuencia, el déficit en la cobertura de los derechos de emisión para la industria, incluyendo la cogeneración y otras instalaciones de combustión, pasará del 20% al 21,3%.

A los precios actuales de los derechos de emisión la asignación gratuita otorgada a la industria tiene un valor económico de unos 3.000 millones de euros al año.

La generación eléctrica no recibirá asignaciones gratuitas de derechos de emisión, como ya ocurre desde el 1 de enero de 2013.

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión es la principal herramienta de la Unión Europea (UE) para fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, la generación eléctrica, la aviación y el transporte marítimo.

Desde que se inició su aplicación, en 2005, las emisiones bajo este régimen se han reducido un 62% en España, según el ministerio.

La normativa europea establece que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se deben asignar gratuitamente a las entidades reguladas, de forma que sus costes no sean excesivos y no provoquen una deslocalización de la industria europea a países que no imponen obligaciones medioambientales. Las reglas de asignación de derechos de emisión son comunes en toda la UE.