El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se regula el Comité de Inversiones Estratégicas y se desarrollan los criterios y el procedimiento de declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión, con el objetivo de facilitar y priorizar proyectos estratégicos para España en materia de inversión nacional y extranjera.

El objetivo de este órgano es priorizar, con agilidad y seguridad jurídica, los proyectos que aporten un mayor retorno económico, social y medioambiental al país.

“Con ello, España se suma a mecanismos equivalentes ya puestos en marcha por países de nuestro entorno, como Francia o Reino Unido, y por buena parte de las comunidades autónomas, alineándose también con los desarrollos normativos europeos que apuntan a la necesidad de desarrollar estos mecanismos a nivel nacional, y refuerza además la labor que desarrolla Invest in Spain (ICEX España Exportación e Inversiones) en la captación de inversión exterior”, han asegurado desde el Ministerio de Economía, que junto con la oficina económica del Gobierno será quien esté a la cabeza del nuevo comité. Es precisamente esta homologación con las normativas internacionales lo que más valoran los inversores internacionales, que valoran muy bien esta iniciativa del Gobierno. 

El Comité tiene una presidencia compartida, entre el titular de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno y el secretario de Estado de Economía, si bien orgánicamente queda adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno. Por debajo, se han establecido cinco vicepresidencias, con representación de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Energía y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Catorce vocalías, con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Transportes, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia e Innovación, Inclusión y Seguridad Social y Medio Ambiente, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Prospectiva Estratégica y ICEX Invest in Spain. Una Secretaría Técnica que asiste al Comité en el análisis de los expedientes.

Como adelantó La Vanguardia, las comunidades autónomas podrán participar en cada uno de los procedimientos de evaluación de cada proyecto, aunque no formarán parte de la estructura del Comité y en la decisión final de la inversión Moncloa siempre tendrá la última palabra.

El texto aprobado hoy define unas normas generales para definir qué proyectos podrán ser declarados como estratégicos, aunque será necesaria una reglamentación posterior detallada para su puesta en marcha. Por el momento, podrán obtener esta declaración de inversión estratégica las iniciativas empresariales o de colaboración público-privada, de inversión o reinversión en España, que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y en las que concurran razones de interés público, social, ambiental o económico. Quedarían excluidas la adquisición de acciones o participaciones sociales, las ampliaciones y reducciones de capital social y las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.

El procedimiento de declaración se articula en dos fases sucesivas, pensadas para dar a los promotores seguridad jurídica y plazos definidos:

Declaración previa (plazo máximo de un mes): valora criterios cuantitativos, como el volumen de inversión y de creación de empleo, y cualitativos, como la solidez del proyecto y su adecuación a las prioridades estratégicas del país.

Declaración definitiva (plazo máximo de tres meses desde la solicitud): analiza en detalle el impacto socioeconómico y medioambiental, la contribución a la autonomía estratégica y la seguridad económica, el esfuerzo en innovación y la cohesión territorial, entre otros aspectos, y determina las medidas de apoyo, compromisos y obligaciones asociados al proyecto.

La declaración previa le corresponderá al Pleno del Comité, mientras que la declaración definitiva será otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), a propuesta del Comité. “El real decreto aprobado contempla también un régimen de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos y un procedimiento de revocación de la declaración en caso de incumplimiento”, aseguran desde Economía.

Licenciada en Periodismo. Master en Información Económica. Ha trabajado como directora en Capital y BolsaCinco. Redactora en Público, El País, El Economista. Jefa de Comunicación en Airef. En La Vanguardia desde 2018