Andalucía sigue sumida en el desconcierto a la hora de abordar la regulación del fenómeno del turismo masivo, que supone una fuente de riqueza y empleo imprescindible en la estructura económica de la región, pero que tiene efectos negativos que deberían ser corregidos con las medidas administrativas oportunas. Ni se ha logrado ordenar la proliferación desordenada de las viviendas de uso vacacional, que en las ciudades más emblemáticas ha distorsionado y encarecido el mercado inmobiliario hasta límites extremos, ni se ha avanzado en la implantación de una tasa que compense a los ayuntamientos de los servicios de limpieza, atención y seguridad que se ven obligados a prestar sin recibir ningún tipo de compensación. Tampoco se ha avanzado en la configuración de una oferta que sitúe a Andalucía como un destino de calidad, más allá de la mera acumulación de cifras cada vez más elevadas de visitantes que colapsan los lugares más emblemáticos y apartan a los vecinos. Lógicamente, no cabe atribuir al recién estrenado Gobierno andaluz la responsabilidad de esta situación. Pero sí constatar que en el tiempo transcurrido desde que el PP está en la Presidencia de la Junta es muy poco, por no decir nada, lo que se ha avanzado, sobre todo si se tiene en cuenta el incremento exponencial del turismo masivo que se ha registrado después de la pandemia del Covid-19. En una cuestión tan sensible como la introducción de una tasa que grave las pernoctaciones existe un consenso entre los alcaldes de las principales ciudades, la mayor parte de ellos del PP, que no ha sido atendido nunca por la Consejería de Turismo y que tiene la oposición de los empresarios hoteleros y hosteleros. Es un tema que se debería de poner encima de una mesa de negociación porque resulta evidente que hay que empezar a implantar medidas de racionalización. Durante los últimos meses han llegado avisos desde Baleares y Canarias de que un turismo desmandado provoca un fuerte rechazo social. En Andalucía todavía se está a tiempo.