El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de salir hacia Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU, anunció que convocará a los agentes sociales para evaluar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la economía y lograr un acuerdo tripartito sobre el asunto. Según el Gobierno, se trata de impulsar “una adopción acelerada bajo una gobernanza que refuerce la seguridad y la confianza”. En román paladino, se entiende que el objetivo es someter a vigilancia la adaptación de la IA de manera que no suponga la merma de derechos y deberes de los trabajadores y las empresas. Para ello, se creará “un observatorio permanente para analizar la evolución e impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y así orientar las decisiones en materia de empleo, formación y adaptación regulatoria”, según el Gobierno.

El paso dado fue bien recibido por los sindicatos, que desde hace tiempo reclaman una regulación “ética y ambiciosa” de la IA, temerosos de que esta destruirá más empleos de los que creará, en contra de las previsiones de algunos expertos. Ante eso, y lo que seguramente es lo más relevante, han exigido que la IA, como todas tecnologías, “coticen” a la Seguridad Social, es decir, se tenga en cuenta en las aportaciones. Lo dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en unas jornadas celebradas el lunes en Alcalá de Henares: “El Estado tiene que hacer frente a ello porque se juega su futuro, a favor de que tanto esta como otras tecnologías paguen a la Seguridad Social”. Para el líder sindical, es clave para que se mantenga el estado de bienestar.

CEOE y Cepyme, por su parte, se han mantenido calladas, quizá a la espera de que la gran patronal celebre el próximo primero de octubre la asamblea para la renovación de Antonio Garamendi en la presidencia. Probablemente, el líder patronal haga mención de ello en su discurso, que se espera reivindicativo.

La intención del Ejecutivo es que el diálogo para ese pretendido acuerdo tripartito comience en octubre, aunque no se ha definido qué departamento será el interlocutor gubernamental, si lo llevará la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, o el de Transformación Digital, Óscar López. O todos a la vez.