La bancada del Centro Democrático presentó un proyecto de acto legislativo que busca redefinir las garantías procesales que enfrentan los miembros de la Fuerza Pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

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La propuesta plantea la creación de un mecanismo de revisión automática judicial para todas las sentencias emitidas por la justicia transicional contra uniformados con el objetivo de "fortalecer las garantías y la seguridad jurídica" de militares y policías cuyas decisiones judiciales permanecen por años sujetas a recursos extraordinarios, asegurando que la revisión se active de oficio sin importar la capacidad económica o de defensa técnica del procesado.

La propuesta plantea crear un mecanismo de revisión automática. Foto:iStock

De acuerdo con un comunicado compartido este miércoles, en cambio, se propone que la competencia para revisar, confirmar, modificar o revocar los fallos de la JEP recaiga en el Tribunal Superior Militar y Policial.

Esta corporación deberá evaluar cada caso bajo los parámetros estrictos del "Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y las garantías constitucionales".

El proyecto incorpora como pilar fundamental la aplicación del principio de no reformatio in pejus, fijando un límite claro a la revisión judicial: "Ninguna modificación podrá agravar la situación del sancionado. La decisión solo podrá modificarse en su favor, como garantía del debido proceso. Una vez realizada la revisión, la decisión quedará en firme de manera definitiva", señala la colectividad en su pronunciamiento.

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Desde la colectividad argumentaron que el juzgamiento de las actuaciones del personal militar y policial requiere magistrados con conocimiento especializado en las dinámicas del conflicto y el marco operacional en el que actuaron las tropas.

La reforma no permite ninguna modificación que agrave la situación del sancionado. Foto:Carlos Capella / EL TIEMPO

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto ahora deberá superar ocho debates.

El proyecto se conoce, además, el mismo día en que el senador Enrique Gómez, director de Salvación Nacional -principal partido de gobierno-, presentó ante el Congreso dos propuestas que también modificarían facultades de la JEP.

Esta reforma constitucional buscará que "el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP". 

Enrique Gómez, senador y director de Salvación Nacional. Foto:Prensa Enrique Gómez

Así se frenaría cualquier aumento del periodo de funciones, tanto los cinco años contemplados en la reforma original como una prórroga mayor, que debería hacerse a través de una ley de adición.

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Este proyecto se suma a la iniciativa que Gómez también radicó en el Congreso para recortarle $100.000 millones del presupuesto del próximo año a la JEP.