Recientemente, la actriz Assumpta Serna denunciaba en redes sociales que el funcionamiento de nuestro sistema de dependencia “no es ni humano ni justo”. Le habían concedido 64 horas al mes de ayuda a domicilio para su madre de 100 años –que la precisa 24 horas al día– y ello tras una tardanza de un año para recibir respuesta. Su testimonio superó en poco tiempo el millón y medio de reproducciones y dio lugar a la Plataforma Dorada, una iniciativa ciudadana en la que trabaja junto a una veintena de voluntarios para recoger experiencias de familias afectadas, dar visibilidad a esta situación y reclamar soluciones. En pocos días, el formulario habilitado recogió alrededor de 1.500 testimonios. Serna no denuncia un caso aislado, sino un problema estructural que arrastra el sistema.

La Ley de Dependencia, aprobada en 2006, se presentó como el “cuarto pilar del Estado de bienestar”, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Su motivación era garantizar que las personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismas, reciban una atención adecuada, mediante servicios (ayuda a domicilio, centros de día, residencias, cuidadores…) y prestaciones económicas, conforme a un grado de dependencia previamente valorado. Se trataba de convertir en derecho subjetivo lo que hasta entonces dependía de la caridad familiar o de los muy distintos recursos articulados por cada autonomía.

Casi veinte años después, este derecho existe sobre el papel, pero su ejercicio efectivo choca de manera recurrente con una tramitación colapsada, que ni los sucesivos planes ni los cambios normativos han conseguido corregir. El tiempo medio de resolución, según el panel del primer semestre de 2026 del propio Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Imserso, fue de 314 días, muy por encima del plazo legal de seis meses. Al final de ese período, 152.249 personas estaban pendientes de ver resueltas sus solicitudes. En ese primer semestre de 2026, fallecieron 15.450 personas mientras aguardaban una respuesta: una cada 17 minutos. Esto no es una anomalía coyuntural, sino un funcionamiento crónico que los sucesivos gobiernos estatales y autonómicos arrastran sin afrontar de manera decidida.

Aquí aparece el sinsentido de fondo: reconocer un derecho subjetivo y no dotarlo de los recursos administrativos necesarios para tramitarlo en plazo equivale en la práctica a vaciarlo de contenido.

A los tribunales solo llega una pequeña parte de los casos –los que se recurren tras una denegación– por lo que, desde mi experiencia judicial, no me atrevería a diagnosticar si la causa concreta de este problema cronificado es la falta de personal, la propia regulación de los trámites, la organización y gestión deficientes, la infrafinanciación crónica, la simple desidia política o una combinación de todos ellos. Pero el resultado objetivo es incuestionable: una ayuda concebida para responder a una necesidad vital, muchas veces urgente, llega casi siempre tarde y con demasiada frecuencia llega irremediablemente tarde, cuando la persona beneficiaria ha fallecido. Un derecho que se demora hasta ese punto deja de ser una garantía y se convierte en una lotería administrativa, en la que el factor decisivo no es la necesidad de la persona, sino la comunidad autónoma en la que reside.

Por eso cobra todo el sentido la pretensión que ahora encabeza Assumpta Serna desde la Plataforma Dorada, ese Pacto de Estado por la dependencia que aporte soluciones: financiación adecuada; respeto y excelencia asistencial en los procesos de cuidado; apoyo real a los cuidadores con recursos prácticos, económicos y emocionales; coordinación entre los sistemas de dependencia y de salud; agilización de plazos de valoración y de tramitación; atención continuada de 24 horas para los casos que lo requieran; mayor control sobre las empresas que operan en el sector; y articulación de un frente social común para forzar el compromiso de todos los partidos políticos.

El propio diseño competencial de la ley ya reclamaba cooperación entre administraciones, por lo que el planteamiento de reivindicar un Pacto de Estado, más allá de parches coyunturales, en mi opinión resulta acertado. Solo un compromiso sostenido en el tiempo, y blindado frente a ciclos electorales, puede cerrar la brecha entre el derecho que se reconoce sobre el papel y la atención que hoy por hoy miles de familias continúan esperando.