En este contexto, Marinaleda ofrece un modelo de vivienda pública con una fórmula muy diferente a la del mercado privado. El Ayuntamiento de este municipio sevillano, de unos 2.600 habitantes, ultima ahora 24 nuevas viviendas que sus vecinos podrán ocupar por entre 15 y 20 euros al mes, sin límite de tiempo y sin posibilidad de venderlas.

El modelo de Marinaleda plantea la fórmula de que la vivienda permanezca siempre en manos públicas. Las 24 casas que se encuentran en la última fase de construcción se repartirán en dos promociones, una de diez viviendas y otra de catorce, con casas de una y dos plantas.

El alquiler tendrá un precio máximo de 20 euros mensuales y no existirá un límite de tiempo para permanecer en ellas. La propiedad seguirá siendo del Ayuntamiento, por lo que los inquilinos no podrán vender las viviendas. Cuando una familia abandone una casa, esta podrá volver a ser asignada a otra persona que la necesite.

El alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez (Con Andalucía), ha explicado a EFE que el objetivo es evitar que las viviendas entren en el mercado como un bien especulativo. Para acceder a ellas es necesario llevar al menos dos años empadronado en el municipio y se estudia la situación personal de cada solicitante.

El regidor defiende que en Marinaleda "la vivienda no se entiende como una mercancía, sino como un derecho de las personas". El Ayuntamiento aporta el suelo y los medios técnicos y humanos necesarios para desarrollar las promociones, mientras que el modelo de construcción desarrollado durante décadas también ha contado con la participación directa de los vecinos.

El propio Gómez vive en una vivienda construida mediante un sistema similar al de las cooperativas, en la barriada Hugo Chávez. Los futuros ocupantes participan en algunos casos en los trabajos de construcción y las horas aportadas se descuentan del coste final de la vivienda.

Según el Consistorio, más de 350 viviendas se han levantado en el municipio mediante este tipo de iniciativas. El modelo busca mantener las casas dentro del parque público y evitar que puedan convertirse posteriormente en un activo de compraventa.

Las 24 viviendas que ahora se encuentran en construcción ya estaban en obras en 2024 y dependen de financiación pública. El alcalde ha reclamado que se agilicen las convocatorias autonómicas vinculadas al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Este plan contempla 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas durante cinco años y establece que al menos el 40% debe destinarse a la construcción o adquisición de vivienda. Para Andalucía se han previsto 718,2 millones de euros de financiación estatal, a los que se sumarían al menos 478,8 millones de aportación autonómica.

Según Gómez, Andalucía ya ha recibido 136,8 millones correspondientes a 2026, aunque todavía no se había abierto la convocatoria autonómica que permitiría a municipios como Marinaleda presentar nuevas promociones con cargo a estos fondos.