Sigue habiendo “una pequeña esperanza”, porque es lo último que se pierde, pero es tan pequeña que Daniel está ya “en modo mudanza”. Este lunes, su abogada iba a pasar por los juzgados de Paterna una vez más, para comprobar si había “alguna novedad”. O un milagro. “Ha intentado por todos los medios ganar tiempo, que haya una suspensión temporal del desahucio pero, de momento, no parece probable”, explica Daniel, físico e investigador en la Universitat de València y vecino, hasta ahora, de Burjassot. Salvo giro argumental, improbable pero no imposible, Daniel tendrá que dejar su vivienda este miércoles, en poco más de 24 horas, cuando una comisión judicial ejecute su desahucio, que llegará a pesar de que tiene dos sentencias previas a su favor, ha intentado ejecutar una opción de compra y no ha fallado nunca al pago de su renta.

Si tiene que hacerlo, si no hay alternativa, Daniel dejará este miércoles su casa de Burjassot, pero no lo hará solo. El desahucio está programado para las once de la mañana pero, desde las diez, el Sindicat d’Habitatge ha convocado una concentración ante la casa en la que vive desde 2009, en la calle Hernán Cortés, número 4, de Burjassot. Sabe que será un momento complicado, que es probable que no le apetezca ver a nadie cuando se le eche de su casa con todas sus pertenencias a la espalda, pero está convencido de que “merece la pena protestar”. “Si al menos cambia algo para el futuro y conseguimos que no le pase a nadie más, al menos a nadie que haya hecho todo de buena fe, como yo, valdrá la pena”, dice.

Daniel González que, salvo "milagro", será desahuciado el día 30 / Francisco Calabuig

En ese piso en Burjassot vive Daniel González desde que era un piso de estudiantes. Entró en 2009, han pasado casi dos décadas y Daniel no ha fallado en el pago de la renta un solo mes, a pesar de sus escasos ingresos como universitario, a pesar de la crisis, de la covid y de todos los vaivenes económicos y vitales. Pero, después de casi diez años de calvario judicial, de notificaciones, compras, concursos de acreedores, correos electrónicos, visitas a la abogada e incluso -denuncia- papeles amenanzantes pasados por debajo de la puerta, va a ser desahuciado.

Es complicado de entender hasta para él, pero lo intenta resumir. Llegó a la casa en los años de la crisis: la empresa propietaria entonces, Ingrade, rebajó su renta de 594 a 350 euros y le reconoció mediante anexos contractuales el derecho de tanteo y retracto, además de una opción de compra por 71.000 euros. Cuando la empresa entró en concurso de acreedores en 2016, González continuó pagando el alquiler en una cuenta judicial y comunicó al juzgado que residía en el inmueble al descubrir que había salido a subasta. Una sentencia de 2017 validó su contrato, los anexos y el pago puntual de las rentas, pero la vivienda terminó siendo adjudicada a un banco, cuya posterior demanda por ocupación ilegítima fue desestimada. Años después, volvieron a demandarlo en 2023 y vendió el piso en 2025. La actual propietaria mantuvo el procedimiento y una sentencia ha ordenado finalmente el desahucio del investigador universitario, al que además se le reclaman 36.000 euros.

A diferencia de otras muchas personas afectadas por desahucios, Daniel tiene dónde ir: será su pareja quien lo acoja en su casa. Pero no es fácil hacer una mudanza, y menos en esas circunstancias. “Nos ha fallado el cálculo de tiempos, así que el miércoles intentaré sacar las cosas más importantes, las que tienen valor sentimental, y si se tiene que quedar algún mueble, qué le vamos a hacer”, explica. Se llevará consigo recuerdos, fotos, sus trabajos y apuntes desde la carrera. Dejará en la vivienda, si tiene que hacerlo, una cama que compró para el piso. Lo primero es lo primero.

A la concentración del miércoles sabe que irá “mucha gente”. Al menos, de la gente que le importa: su hermana y el novio de esta, amigos, compañeros de trabajo. Relata que una profesora de la Facultad de Física le contó que habían leído sobre la fecha del desahucio en la prensa y le dijo que había movilizado a muchos compañeros para ir a dar apoyo a Burjassot. “El respaldo que no he sentido de las instituciones, lo he tenido de los compañeros”, asegura.

Nunca ha escondido en el trabajo la maraña irresoluble en la que se ha convertido mantener su vivienda. “Les comenté en marzo, cuando llegó la sentencia, que la cosa se estaba poniendo muy mal”, relata. La resolución judicial establece que, para apelarla, Daniel debería depositar 36.000 euros, la cantidad que le reclama la propiedad. “Ahí se vino todo abajo; desde entonces me está pasando más factura a nivel emocional y me cuesta concentrarme”, reconoce. No es fácil hacer cálculos matemáticos complejos y rendir en la investigación cuando sabes que puedes verte forzado a dejar tu casa. Pero en la facultad “han sido súper comprensivos”, dice. Incluso su jefe: “Me dijo: tú ahora céntrate en tu mudanza y en resolver la situación”.

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Mantiene esa “pequeña esperanza” pero está preparado, que no resignado. “Al menos intentamos que se visibilice esta situación, que se les caiga la cara de vergüenza a quienes han hecho esto”, reclama. Que se “rectifiquen” las decisiones que sacan a la gente de sus casas. Estos días ha estado, como es obvio, “muy liado”, pero también siguiendo a ratos las movilizaciones por el derecho a la vivienda tras el desahucio de Maricarmen en Madrid. “Más vale tarde que nunca, ojalá cambie algo”, concluye.

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