Este martes se ha ejecutado el desahucio de una familia vulnerable compuesta por siete personas, entre las que se encuentra un hombre con un 87% de discapacidad y tres menores, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El lanzamiento se ha producido en el barrio de Cerdanyola de Mataró. La familia hacía 11 años que vivía de alquiler en el piso, propiedad de un gran tenedor. Pilar Sánchez, del Sindicat d'Habitatge de Mataró, ha afirmado que el decreto que este martes tendría que aprobar el gobierno español, "a pesar de que sea ridículo", sí que pararía este desahucio en concreto. "Es gravísimo", ha manifestado, al mismo tiempo que ha dicho que se ha de hacer presión "hasta el último momento". Sánchez ha explicado que la familia no tiene alternativa habitacional.

Pese a la oposición de un grupo reducido de vecinos convocados por el Sindicat d'Habitatge, el desahucio se ha ejecutado sin demasiadas complicaciones. Un gran despliegue policial ha blindado la zona desde las seis y media de la mañana y ni afectados ni manifestantes han mostrado resistencia. La comitiva judicial ha llegado puntualmente a las ocho de la mañana y en pocos minutos se han llevado a cabo todos los trámites. La familia ha dejado el piso con sus pertenencias, excepto los menores de edad, que han pasado la noche en casa de unos familiares para evitar vivir el desahucio en directo.

Alícia, una de las vecinas desahuciadas, explica que los tres días de hostal que ofrecen los servicios sociales "no son una alternativa" y reclama que "se agilice" su caso en la mesa de emergencia municipal para intentar encontrar un alquiler social para ella y sus familiares. "He estado buscando, pero es todo muy caro y no puedo pagar un alquiler normal", se lamenta. La mujer detalla que a través del Ayuntamiento de Mataró se ha intentado negociar con la propiedad, un gran tenedor, para que se le hiciera un alquiler social o bien para poder pagar la deuda acumulada en diferentes plazos. Ninguna de las opciones, asegura, ha sido aceptada por Investmar, la empresa que gestiona el inmueble.

La mujer explica que durante meses ha pagado solo una parte del alquiler porque no podía asumir todo el coste y que esta deuda acumulada es lo que ahora les ha dejado en la calle. "Pagaba menos porque no me llegaba para comprar comer o para los gastos de la escuela", relata la mujer al poco de ser desahuciada. Además de las siete personas, en el piso también vivían perros, que la protectora de animales se ha llevado hasta que la familia no pueda tener un piso donde vivir. Los expulsados, que se han marchado con muy pocas pertenencias también aseguran que se les ha prometido volver al piso para recuperar más cosas en los próximos días. De momento, las puertas se han tapiado para evitar ocupaciones. "Es un desahucio como el de Maricarmen o el de Olga, ya que con el decreto de vivienda sí que lo pararíamos", se lamentan desde el Sindicat d'Habitatge, que quiere poner en evidencia la "contradicción" que se vive este martes en la capital del Maresme con el desahucio de Alícia y su familia.

Este no es el único desahucio programado para este martes en la capital del Maresme, a las 10 horas está previsto un segundo operativo para desahuciar a otra familia en la calle Colòmbia, en el barrio de Rocafonda. Según ha advertido el mismo sindicato, este procedimiento afecta también a un núcleo familiar en situación de vulnerabilidad con dos menores a su cargo que no disponen de una alternativa residencial adecuada por parte de los Servicios Sociales.