Medio año después de comenzar a sancionar a los vehículos más contaminantes sin etiqueta ambiental, la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las grandes ciudades de la segunda corona de Barcelona ha derivado en una región metropolitana donde la polémica regulación para mejorar la calidad del aire funciona a una doble escala de exigencia. El primer nivel se sitúa en el perímetro de los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), donde la capital lidera la aplicación normalizada de sanciones con moratorias excepcionales y delimitadas temporalmente en Cerdanyola del Vallès, Castelldefels y Santa Coloma de Gramenet, además de la anomalía de la inexistente ZBE de Badalona.

El segundo escalón se ubica en el conocido como Arc Metropolità de Barcelona, donde importantes ciudades de la segunda corona metropolitana —Sabadell, Terrassa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers y Mollet del Vallès— han encontrado una singular excepción legal para eximir de sanciones prácticamente 'sine die', es decir, sin una delimitación temporal definida, a los vecinos que acrediten estar empadronados en la superficie urbana afectada por la ZBE. Aunque la norma lo recoge de manera imprecisa, los consistorios se aseguran no tener que sancionar a sus residentes al menos hasta el año 2029.

La mencionada excepción se aparta de la técnica jurídica empleada habitualmente para regular las ZBE porque diseña una especie moratoria en la aplicación de sanciones sin un final concretado, como sí ocurre en las ciudades del AMB. Según un análisis de EL PERIÓDICO ordenanza a ordenanza, la ambigua exención se regula a través de una figura denominada 'autorización temporal' que se aplica tanto a residentes empadronados en el ámbito afectado por la ZBE como a residentes que sean titulares de vehículos censados en el espacio de las ZBE. Lo más peculiar se ubica en la parte de los reglamentos que define temporalmente la medida: o bien el límite es difuso, o bien directamente se afirma que la supuesta temporalidad va para largo.

A consulta de este diario, el Ayuntamiento de Terrassa asegura que el consistorio ha impuesto la exigua cantidad de 19 sanciones, a razón de 200 euros cada una, desde el pasado 1 de diciembre. Un balance del 'Diari de Sabadell' hablaba en junio de 29 multas en la otra cocapital vallesana en el mismo plazo. Entre ambos municipios suman más de 450.000 habitantes. Fuentes municipales de Terrassa precisan en que "la ZBE estuvo suspendida temporalmente durante la crisis de Rodalies y hasta hace muy poco no se han detectado las primeras infracciones denunciables".

Nadie podrá decir a los alcaldes de estos municipios catalanes de más de 50.000 habitantes que no avisaron. Ya a finales del 2023, pocos meses después de las últimas elecciones municipales, los ediles presentaron en rueda de prensa un modelo de ZBE "más flexible" y alternativo al de Barcelona, justificándola en las carencias de transporte público en estas poblaciones y el perjuicio a su población vulnerable a la hora de exigir cambios de vehículos.

Estos alcaldes ya tuvieron sus más y sus menos con el Govern de la Generalitat —especialmente con el que lideró Pere Aragonés— en las negociaciones previas a aprobar el decreto catalán de ZBE. El ejecutivo catalán prohibió las exenciones de multas generalizadas y permanentes a residentes. Sin incumplir ese compromiso, los ayuntamientos han encontrado una fórmula para mantener indemnes a miles de vecinos empadronados a un año de las próximas municipales. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado investiga posibles incumplimientos legales de ayuntamientos por su laxa aplicación de las ZBE. Incluso el Gobierno exige que los municipios sancionen en sus ZBE para otorgar ayudas millonarias al transporte público.

La ordenanza municipal de la ZBE de Sabadell concreta que son 37.000 vecinos, un 17% de su población total de 224.589 habitantes, los afectados por la ZBE e, indirectamente, los que exentos de sanciones. La proporción es idéntica en la otra cocapital del Vallès: un 17% de los vecinos de Terrassa, 39.102 habitantes, quedan afectados por la ZBE, según la respectiva ordenanza municipal.

La ordenanza de las ZBE de Sabadell ilustra perfectamente la paradoja de la mencionada 'autorización temporal'. Para conocer el alcance de las excepciones, la norma remite a un anexo público que está llamado a definir temporalmente cada una de las excepciones. A la hora de delimitar la "autorización temporal para los vehículos más contaminantes de las personas residentes", la regla sobre su duración es elocuente: "Permanente", describe. Siempre, eso sí, que se mantenga la condición de que el vecino permanezca empadronado o el vehículo censado en el ámbito de la ZBE.

Extracto de un anexo de la ordenanza de ZBE de Sabadell. / El Periódico

Este modelo de excepción para residentes se aplica de manera predefinida a los otros cinco municipios mencionados. Con una diferencia: Terrassa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers y Mollet del Vallès sí prevén un mínimo plazo temporal, aunque muy laxo ya que condicionan la vigencia de la norma "hasta la revisión de la ZBE". Por norma general, las ordenanzas consultadas estipulan que las ZBE "serán revisadas como mínimo a los tres años de su establecimiento y posteriormente, al menos cada cuatro años". Teniendo en cuenta que estos reglamentos entraron en vigor de manera definitiva entre finales del 2025 y principios del 2026, los ayuntamientos se aseguran no tener que sancionar a sus residentes al menos hasta 2029, ya pasadas las municipales.

Noticias relacionadas

Extracto de la ordenanza municipal de ZBE de Terrassa. / EL PERIÓDICO

Entre los ayuntamientos del Arc Metropolità hay una excepción que no adopta el modelo de ordenanza homogéneo del resto: Mataró. La capital del Maresme se desmarca de la autorización para residentes que implementan los otros municipios y únicamente aplica una moratoria de un año por la cual los vecinos empadronados en el municipio pueden obtener un máximo de 52 días al año de autorización diaria para acceder a la ZBE pese a tener vehículos sin etiqueta ambiental. Por norma general, la ordenanza mataronense de ZBE prevé un máximo de 24 días al año de autorización diaria.

Suscríbete para seguir leyendo