España ha sido el único país de la Unión Europea (UE) que ha votado este jueves en contra del nuevo reglamento de retornos, que permitirá que los gobiernos que lo deseen hagan acuerdos con estados fuera del territorio comunitario, en los que se establezcan centros de deportación para personas que residen en el bloque de forma irregular.

Este jueves, los gobiernos europeos han dado el visto bueno final al nuevo reglamento de retornos. El texto aspira a armonizar la gestión de las expulsiones de personas que llegaron a Europa de manera irregular o han perdido su permiso de residencia. Por primera vez, abre la puerta a crear centros para expulsar a esas personas fuera del territorio comunitario.

Países como Francia o España han sido muy críticos con la medida, pero solo el Gobierno español se ha plantado votando en contra este jueves. Además del voto en contra de España, Bélgica se ha abstenido.

"España mantiene su enorme preocupación sobre los centros de retorno", ha asegurado el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en una declaración a sus socios durante el Consejo de ministros de la UE celebrado en Luxemburgo. En particular, España puso en cuestión la seguridad jurídica y las garantías que ofrece la propuesta.

"España considera que estos convenios no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas a un tercer país, independientemente de su vínculo o no con el mismo", ha dicho el ministro. "Incluso las familias con niños podrán ser trasladadas a los centros de retorno con países con los que no tienen ningún vínculo", añadió.

Precisamente, la inclusión de las familias y los menores ha sido una de las cuestiones más polémicas del texto final de la regulación. España ha criticado además el "riesgo inaceptable" de los acuerdos con terceros países y la posibilidad de que el texto vulnere el principio de no devolución. También ha advertido el Gobierno del potencial impacto de estos acuerdos sobre "la credibilidad" de la política exterior comunitaria.

España ha planteado además una cuestión a la que nadie parece dar respuesta: cómo estos centros contribuirán a hacer la política de retornos más efectiva. Dado que se situarán previsiblemente en países en los que la persona en cuestión no tiene ningún vínculo, tampoco existe incentivo para quedarse. Además, ha apuntado a que no hay análisis sobre el coste-beneficio de los mismos.

Según cifras de la Comisión Europea, apenas el 25% de las órdenes de expulsión se hicieron efectivas en 2025. Aprobado en tiempo récord, el nuevo reglamento busca armonizar, agilizar y simplificar los procedimientos de expulsión de personas que residen de manera irregular en la UE. Pero el texto ha sido muy polémico porque supone un nuevo endurecimiento de la política de migración comunitaria.

Además de la creación de centros de detención fuera del territorio, el nuevo reglamento permitirá el registro de personas, domicilios o lugares de trabajo cuando haya sospechas de que residen en Europa de manera irregular. Una práctica que recuerda a las del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Estados Unidos.

Noticias relacionadas

El nuevo reglamento contempla también medidas coercitivas cuando una persona se niegue a abandonar el territorio, que van desde la retirada de ayudas o la confiscación del pasaporte hasta periodos de detención de hasta dos años. Esta medida afecta también a familias y menores de edad.

Suscríbete para seguir leyendo