La causa judicial abierta al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a los excanteranos blancos Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García tiene su horizonte legal fijado para el mes de septiembre. La magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado íntegramente las peticiones de nulidad planteadas por las defensas en la audiencia preliminar.

Será en juicio, fijado para los días 3, 4 y 7 de septiembre de 2026 en Las Palmas cuando las afectadas tendrán que ratificar que perdonan a Asencio por difusión de contenido íntimo sin autorización y cuando la juez valore si ese perdón es libre y voluntario y despliega todos los efectos previstos en el Código Penal para estos casos.

En este procedimiento, la Fiscalía pide cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García por dos delitos contra la intimidad y uno de pornografía infantil, y dos años y medio de prisión para Raúl Asencio por dos delitos contra la intimidad.

El Ministerio Público ya ha adelantado que está dispuesto a retirar su solicitud de condena contra Asencio si en el juicio las dos jóvenes ratifican que lo han perdonado.

Los procesados se enfrentan a cargos por delitos contra la intimidad y pornografía infantil tras la grabación y difusión sin permiso de una relación sexual mantenida con dos jóvenes en el sur de Gran Canaria, un caso en el que la Fiscalía solicita y , con la posibilidad de retirar este último cargo si las víctimas ratifican su perdón en el plenario.

Guardia. En su resolución judicial, la magistrada detalla minuciosamente , que exigían invalidar el volcado de los teléfonos móviles. El auto expone que el letrado de Andrés García cuestionó la incautación porque su cliente compareció inicialmente como testigo; sin embargo, según recoge literalmente el escrito, los agentes le interrogaron y García "confesó espontáneamente haber participado en la grabación del encuentro sexual", motivo por el cual interrumpieron el acto para convocarle inmediatamente como imputado con asistencia letrada.

La jueza subraya en el documento que la Guardia Civil obró conforme a la ley, descartando que existiera "ninguna maniobra engañosa por parte de los agentes" y recordando que el terminal intervenido ostenta "la doble condición de fuente de prueba e instrumento o efecto del delito".

Juez. El texto del auto judicial profundiza en la proporcionalidad de la requisa digital recordando que "nuestra legislación procesal no exige el consentimiento del titular de los efectos, instrumentos o pruebas del delito, ya que, en caso contrario, los agentes policiales actuantes tampoco podrían incautar las armas utilizadas en la comisión de cualquier delito contra la vida y/o la integridad personal".

La magistrada justifica la urgencia de la medida argumentando que "no existe ninguna duda sobre el peligro de la desaparición de los efectos o instrumentos y pruebas del delito" debido a que "todos los encausados hicieron copias de seguridad de su cuenta de Id Cloud para borrar su contenido antes de su detención, en un claro intento de frustrar la investigación de los hechos denunciados".