En distintos territorios del país, los enfrentamientos armados se intensificaron y, en muchos casos, se desarrollaron en zonas pobladas o cerca de viviendas y otros bienes de carácter civil, exponiendo a las comunidades a mayores riesgos. 

En ese contexto, muchas familias permanecieron durante horas e incluso días dentro de sus viviendas para resguardarse. Hubo personas civiles heridas, fallecidas, y comunidades enteras quedaron confinadas o tuvieron que desplazarse. El acceso a agua, alimentos, a servicios de salud, educación y otros servicios indispensables para la vida cotidiana se vio limitado o interrumpido, y el personal de salud, que cuenta con protección especial bajo el DIH, enfrentó situaciones de violencia que dificultaron su labor. 

Estas dinámicas también se tradujeron en daños a viviendas, espacios comunitarios e infraestructuras de salud, deteriorando las condiciones de vida de las comunidades. A ello se sumó la presencia de restos explosivos de guerra en caminos, zonas de tránsito y alrededores de viviendas, cultivos e infraestructura comunitaria, que siguieron representando una amenaza incluso después de los enfrentamientos. 

En algunos casos, los actores armados ocuparon o utilizaron bienes de carácter civil, lo que agravó la situación de la población. Varias viviendas dejaron de ser habitables y quienes residian allí enfrentaron señalamientos o estigmatización. 

Entre los bienes de carácter civil, las escuelas estuvieron entre las más afectadas. Algunas sufrieron daños durante los enfrentamientos y otras fueron utilizadas temporalmente por actores armados. En los caminos de acceso a ellas también se registró la presencia de artefactos explosivos. Estas situaciones afectaron su funcionamiento como espacios de protección. Además, en muchos casos los docentes tuvieron que abandonar las escuelas para proteger sus vidas.  

Todo lo anterior dificultó o impidió el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación, lo que aumentó su exposición a diversos riesgos, incluido el involucramiento en los conflictos armados.

Otros tipos de artefactos explosivos también tuvieron efectos graves sobre la población civil. 765 personas, de las cuales el 71 % eran civiles, resultaron heridas o fallecidas por artefactos explosivos de detonación controlada y por artefactos explosivos lanzados. El impacto de estos artefactos depende en buena medida de la forma en que se emplean, del lugar donde se utilizan y de las precauciones adoptadas para limitar sus efectos sobre la población civil y los bienes de carácter civil.

El aumento en el uso de artefactos explosivos lanzados, tanto en zonas rurales como urbanas, incluyó el empleo de dispositivos de lanzamiento improvisados y de vehículos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones. 

El uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos se ha intensificado en el contexto de los conflictos armados en el país y ha generado temor, incertidumbre y daños graves entre las comunidades afectadas.

La forma en que se desarrollan los enfrentamientos y se emplean las armas tiene implicaciones directas sobre la población civil y los bienes de carácter civil. Cuando no se respetan los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, aumenta la probabilidad de que los efectos de las hostilidades se extiendan más allá de los objetivos militares y recaigan sobre las comunidades, ampliando tanto la magnitud como la gravedad de las consecuencias humanitarias.