Pero ninguna de esas respuestas sustituye a la conversación de fondo: qué sanidad pública queremos, qué estamos dispuestos a financiar y qué decidimos no hacer. Este es un asunto imprescindible cuando afrontamos unas elecciones generales que alumbrarán una nueva legislatura.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) se consolidó cuando el perfil de la población y de las enfermedades era distinto. Hoy somos uno de los países más longevos de Europa, y esa es una gran noticia que exige una consecuencia: más personas con enfermedades crónicas, más pluripatología, más necesidades sociosanitarias y más años de vida que requieren cuidados.

Un sistema pensado para resolver episodios agudos se ve forzado a gestionar la cronicidad con estructuras, agendas y modelos de financiación que apenas han cambiado. A ello se suma la presión de la innovación sanitaria: terapias avanzadas, medicina de precisión, diagnóstico genómico, herramientas digitales y de inteligencia artificial.

Son avances que prometen mejores resultados, pero que llegan con costes iniciales elevados y beneficios que muchas veces se materializan a medio plazo. Si no existe un marco claro para decidir qué se incorpora, a qué precio y con qué evidencia, la innovación se acaba gestionando caso a caso, bajo presión mediática y social y, por tanto, con desigualdades entre territorios. La equidad sanitaria no se rompe con un gran decreto, sino con mil decisiones sin criterio común.

La sanidad es la mayor partida de los presupuestos autonómicos, y por eso su financiación no puede separarse del debate sobre el modelo de financiación autonómica. Cuando este se aplaza, la sanidad paga la factura: infrapresupuestación crónica, ajustes a final de ejercicio y gestión de la urgencia en lugar de planificación. Más aún cuando la sanidad no se financia con partidas finalistas.

Pagar por consultas o procedimientos incentiva producir más, no curar mejor

Es por eso que considero que hay tres decisiones que convendría hacer realidad. Así, en primer lugar, convendría fijar prioridades de forma explícita para asegurar la lógica de definir criterios públicos para incorporar prestaciones, tecnologías y fármacos, y evaluar de forma sistemática lo que ya financiamos; ello permitiría reinvertir en lo que más valor aporta y desinvertir en lo que aporta menos.

En segundo lugar, conviene avanzar en la idea de financiar resultados en salud y no solo actividad. Pagar por consultas, ingresos o procedimientos incentiva producir más, no necesariamente curar mejor. Avanzar hacia indicadores de resultados en salud, continuidad asistencial y experiencia del paciente exige datos comparables y fiables en todo el SNS, y la voluntad política de publicarlos.

En tercer lugar merece la pena dar estabilidad a la planificación sanitaria, ya que los profesionales, la atención primaria y la inversión en tecnología necesitan horizontes plurianuales. Sin ellos, cada año se empieza de cero y las reformas se quedan en anuncios.

Siendo evidente la responsabilidad del Gobierno central y los de las Comunidades Autónomas, sería injusto cargar todo el peso sobre los gobiernos. También los profesionales, las organizaciones científicas, la industria y la ciudadanía formamos parte de esta conversación. Pedir un sistema universal, de calidad y sin esperas, sin discutir su coste ni sus límites, es una promesa que ningún presupuesto puede cumplir. Y renunciar a la discusión por miedo al coste político es, en realidad, una forma de decidir: decidir que el deterioro gradual es preferible al debate.

La sostenibilidad de la sanidad pública no se resuelve con un titular ni con una inyección puntual de fondos. Se resuelve con un trabajo conjunto (y mejor aún, con un pacto aunque parezca imposible), que combine financiación suficiente, prioridades claras, evaluación rigurosa y rendición de cuentas. Cuanto más tardemos, más estrecho será el margen y más difícil será hacerlo sin que lo paguen los más vulnerables.

La pregunta no es si podemos permitirnos una buena sanidad pública, sino si estamos dispuestos a hablar con franqueza de lo que exige mantenerla. La campaña electoral debiera servir para eso.