La Audiencia Provincial de Las Palmas ha vuelto a celebrar este martes el juicio contra el acusado de dejar tetrapléjico al bebé de cinco meses al que cuidaba por zarandearlo con violencia en una vivienda de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Ángel Moisés P. R. quedó absuelto en una sentencia previa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligó a repetir la vista al considerar que los argumentos dados en la resolución no eran coherentes.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha vuelto a celebrar este martes el juicio contra el acusado de dejar tetrapléjico al bebé de cinco meses al que cuidaba por zarandearlo con violencia en una vivienda de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Ángel Moisés P. R. quedó absuelto en una sentencia previa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligó a repetir la vista al considerar que los argumentos dados en la resolución no eran coherentes.
El parecer de la Sala puede marcar un precedente para aquellos casos de lesiones graves causadas a menores como consecuencia del anteriormente conocido como síndrome del bebé zarandeado, que ahora se denomina traumatismo craneoencefálico abusivo. Este diagnóstico saltó a la opinión pública después de la apertura de una investigación contra Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez por presuntamente ocasionar daños importantes a su hija Alma en enero de 2025.
En el procedimiento que ahora se enjuicia ya quedó patente la disparidad de criterios entre la Sección Segunda y las médicas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF). Las peritas emitieron un contundente informe que concluye que el menor sufrió un "zarandeo brusco" producido con intensidad por una persona en las horas previas a su ingreso hospitalario. Sin embargo, el tribunal se valió del principio de presunción de inocencia y determinó que, al no poder establecerse una horquilla temporal más corta, no se podía determinar quién causó las lesiones.
"El niño merece una respuesta ante un daño que le ha marcado para el resto de su vida", afirma la forense
La médica que examinó al bebé y directora del organismo, Eva Bajo, volvió a recordar este martes que ante las pruebas practicadas en el hospital "solo se puede llegar al diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico abusivo", el cual "debe tener un autor". "El niño merece una respuesta ante un daño que le ha marcado para el resto de su vida", incidió la experta.

El acusado, a la izquierda, este martes en el juicio. / Acfi Press
Los hechos, según el escrito de acusación, ocurrieron en la tarde del 27 de abril de 2019. La madre tenía que marcharse a trabajar y dejó a su hijo con Ángel Moisés P. R., al que conocía porque ambos acudían a la misma iglesia y se lo habían recomendado unas amigas porque tenía experiencia en el cuidado de niños. No era la primera vez que se quedaba con él y le pagaba una retribución económica por estas tareas.
Lo vio "extraño"Cuando fue a recoger al bebé subió a la vivienda del presunto autor y esperó en el salón a que lo trajera de la habitación en la que dormía. Pero el encausado manifestó que estaba "extraño" y lo vio pálido, con los labios amoratados y la vista perdida en un punto fijo. Lo primero que hizo el varón, antes de llamar a la ambulancia, fue telefonear a su pastor y vecino para que rezara por el pequeño ante la grave situación en la que se encontraba.
El menor sufrió daños que obligaron a su ingreso en el área de críticos, como un infarto cerebral izquierdo, hematomas, hemorragias, un retraso psicomotor o una disfunción motora. Dichas lesiones derivaron en secuelas que a día de hoy, a sus siete años, siguen empeorando, como hemiparesia, epilepsia, trastorno cognitivo y daño neuropsicológico grave. En el último informe aportado por la familia se acreditó a su vez otras afecciones en forma de tetraplejia y disfagia.
La Fiscalía pide tres años de cárcel por lesiones imprudentes y la familia la pena máxima de diez años
Por estos hechos, la fiscal Teseida García le atribuye un delito de lesionespor imprudencia grave y pide en consecuencia una pena de tres años de cárcel, 19.070 euros por las lesiones causadas y 400.000 más por las secuelas. Por su parte, la acusación particular ejercida por la madre de la víctima cree que cometió un ilícito de lesiones dolosas y reclama la pena máxima de 10 años de prisión.
La defensa, en cambio, no pone en duda la gravedad de los daños del menor, pero pide una sentencia absolutoria al considerar que no ha quedado acreditado que su representado haya sido el causante. El juicio quedó visto para sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo