La defensa de Santiago Laiglesia --el único investigado contra el que las acusaciones han presentado escrito de acusación por el crimen de Helena Jubany en 2001--, ha solicitado que se archive el procedimiento y ha introducido la hipótesis de que la presencia del ADN de su defendido en el jersey que llevaba la víctima podría deberse a una "transferencia indirecta".

Así lo ha planteado la defensa, que ejerce el abogado Jaime Lapaz, este viernes por la mañana durante una audiencia preliminar celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell (Barcelona), cuya titular tendrá que decidir, en el plazo de tres días, si abre juicio oral contra Laiglesia.

Según el abogado de la acusación particular en representación de la familia Jubany, Benet Salellas, Lapaz ha puesto en duda la cadena de custodia del jersey y, por lo tanto, la validez de los indicios, y ha sugerido que el ADN de Laiglesia pudo llegar hasta la prenda de ropa porque su defendido fue pasante en el bufete del que fue abogado de Montserrat Careta, también investigada por estos hechos y que se suicidó en prisión en 2002.

En concreto, Lapaz ha planteado que el abogado de Careta solicitó acceso a las piezas de convicción, una petición que fue atendida por el juzgado, y que la "contaminación cruzada" se habría producido al revolver los indicios.

Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han señalado que, ante la introducción de esta nueva hipótesis, la acusación particular ha interpelado a la defensa de Laiglesia para preguntar por la ropa interior que llevaba puesta la víctima cuando fue asesinada, que ha desaparecido durante la fase de instrucción.

Las mismas fuentes han señalado que fue la Policía Nacional la que, cuando recogió los indicios custodiados en los juzgados de Sabadell para realizar las últimas pruebas de ADN, alertó de que uno de los sobres, el correspondiente a las bragas, estaba "desprecintado y vacío".

La defensa de Laiglesia ha solicitado la práctica de nuevas diligencias de investigación, una petición que la instructora ha denegado alegando que la instrucción está finalizada y que "no aceptará más maniobras de dilación", según Salellas.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular, que han pedido la apertura de juicio oral contra Laiglesia, han contestado a la impugnación de la cadena de custodia.

Han argumentado que esta es una cuestión que, en todo caso, debería discutirse durante la fase del juicio oral y que este hecho entorpece el procedimiento: "Es un debate de alguna manera ficticio, porque viene provocado por una contaminación que, según ellos, habrían provocado ellos mismos".

"Esta hipotética transferencia indirecta, además de increíble, supone atacar el buen funcionamiento del Juzgado de Sabadell y presumir que no se han tomado unas cautelas" por parte de los funcionarios, ha señalado Salellas, que ha refutado la posibilidad de la contaminación cruzada. Además, ha recordado que la propia defensa aportó en su día un informe que no ponía en duda la cadena de custodia de los objetos intervenidos.

Salellas también ha explicado que, sin poner en duda los resultados de las pruebas de ADN, realizadas con una técnica "puntera", ahora la defensa de la Iglesia plantea que los técnicos del laboratorio que las realizaron no estaban debidamente acreditados.

Para Laiglesia, que ha acudido a la vista, la familia Jubany pide 26 años de prisión, la misma pena privativa de libertad que la Fiscalía: 20 años por un delito de asesinato con alevosía y otros 6 por detención ilegal, además de una indemnización de 600.000 euros.

También ha acudido a la vista Xavier Jiménez, investigado por estos hechos, pero contra el que no se ha presentado acusación ante una falta de indicios sólidos.

El 28 de noviembre de 2025, la instructora ordenó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Laiglesia al apreciar en la causa "motivos bastantes" para creerle responsable criminalmente del delito investigado y al considerar que a lo largo de la instrucción se acreditaron una serie de indicios que permiten vincularlo de forma provisional e indiciaria con los hechos.

No obstante, en enero de este año, la Audiencia de Barcelona estimó el recurso de apelación presentado por su defensa y acordó su libertad provisional con medidas cautelares: la obligación de entregar su pasaporte, la prohibición de salir del territorio español sin autorización y comparecencias mensuales en los juzgados.

Así las cosas, y en caso de que la jueza acuerde abrir juicio oral, lo esperable es que Laiglesia llegue al banquillo de los acusados en libertad provisional. Tras la vista, el hermano de la víctima, Joan Jubany, ha afirmado que, casi 25 años después del crimen, la familia desea que el juicio se celebra cuanto antes, sin necesidad de alargar más su sufrimiento: "Esperamos acercarnos todo lo posible a la verdad real a través de la verdad oficial".