Desde que el mundo entró en la década de los años veinte, se ha producido una rápida sucesión de catástrofes y conflictos bélicos que han sacudido la economía. España ha vivido una pandemia sin precedentes en un siglo, una erupción volcánica, una histórica nevada, gravísimas inundaciones en Valencia y dos guerras que han causado una crisis energética sin precedentes en décadas. 

Ante todos estos sucesos dramáticos, el Gobierno ha tenido que tirar de chequera para amortiguar el daño causado en el bolsillo de los ciudadanos. La factura no ha sido barata. Según la Airef, la pandemia tuvo un coste fiscal de 35.000 millones de euros, los paquetes de ayudas por la guerra en Ucrania superaron los 40.000 millones y la DANA de Valencia rondó los 12.500 millones. Además, el Ejecutivo lleva gastados 8.600 millones de euros en medidas de alivio por la guerra en Irán, según estima el Banco de España. 

Hasta ahora, el Ejecutivo español ha ido afrontando estos gastos gracias a una combinación de fuerte crecimiento económico y tipos de interés históricamente bajos. El tirón de la recaudación fiscal -en parte por la no deflactación del IRPF- y la deuda barata han permitido financiar esa ingente cantidad de desembolsos. Sin embargo el combustible que aportaban estos dos factores se está agotando y deja a España con poco margen de actuación ante crisis futuras. 

La subida en los tipos de interés que se está produciendo en todo el mundo ante un nuevo brote inflacionario aumenta los costes de financiación. Endeudarse le sale a España (y la mayoría de países del mundo) cada vez más caro. Mientras tanto, la deuda que va 'muriendo' porque se va pagando, hay que ir sustituyéndola por pasivo nuevo. El problema es que ese pasivo antiguo se emitió a tipos de interés muy bajos, pero la deuda nueva es mucho más cara de colocar. En concreto, el tipo medio de interés de la deuda en circulación se sitúa en el 2,45%, pero la emisión de pasivo nuevo le cuesta a España ya un 3,41% de media, según datos del Tesoro. 

Esto deja un espacio cada vez más reducido para aprobar medidas de apoyo ante futuras crisis. "La capacidad para afrontar nuevos shocks, y sabemos que lo más probable es que ocurran nuevas calamidades, va a ser menor", resumía Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, durante la presentación de las proyecciones macroeconómicas del organismo. 

Funcas estima que el crecimiento económico se ralentizará en los próximos años mientras el déficit público va al alza. Además, el Estado tendrá que afrontar ese mayor desequilibrio en las cuentas públicas con menos munición financiera. El centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro prevé que el gasto en intereses se dispare un 46% en los próximos cinco años. De los 43.350 millones actuales se pasará a 63.779 en el año 2031. Una cifra equivalente al 70% del gasto en educación de todo el país en un año, advierte Torres. 

Ante esta situación, el centro de estudios emplaza a las administraciones a que generen "colchón presupuestario" mientras el ciclo económico siga siendo positivo para "no perder completamente el margen presupuestario en el futuro". "Hemos vivido un montón de años con tipos de interés próximos a cero. Financiarse era muy fácil, esto daba un margen a los gobiernos, pero también a las familias para endeudarse y gastar en consumo e inversión. Eso se ha acabado", señala Carlos Ocaña, director general de Funcas. "Financiarse ya no es a tipo cero o a tipos casi casi cero y eso hace imposible en el futuro tomar medidas como las que se han tomado con la crisis de Ucrania con la pandemia", agrega.