07/10/2026 Actualizado a las 18:27h.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la condena de once años de prisión para el vecino de Burgos que almacenaba 60 kilos de explosivos en un almacén de Gamonal y al que le fueron incautados 25 kilos de droga. El TSJ desestima en su totalidad el recurso presentado por la defensa del procesado y confirma tanto los siete años de cárcel y 600.000 euros de multa por un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia, como los cuatro años de prisión por un delito de depósito de explosivos.

El suceso se destapó en 2024, cuando las investigaciones del Grupo de Información de la Guardia Civil de Burgos, detectaron que el sospechoso estaba adquiriendo sin licencia material de laboratorio y precursores químicos, algunos procedentes de empresas de Valencia y Polonia, susceptibles de ser utilizados para fabricar pirotecnia o mezclas altamente peligrosas como la termita.

El despliegue policial llevó el 1 de marzo de 2024 a que los agentes dieran el alto al vehículo que conducía el sujeto, a la altura del kilómetro 200 de la autovía A-1, en sentido Madrid. En una inspección del automóvil, la Guardia Civil de Burgos halló seis kilos de speed ocultos en un compartimento artesanal situado bajo los asientos traseros.

Tras el hallazgo en la carretera, el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Burgos autorizó la entrada y registro en varios inmuebles vinculados al investigado. Un amplio y llamativo dispositivo de la Guardia Civil despertaba a los vecinos de San Bruno el 3 de marzo de 2024. El operativo, formado por varias unidades, incluidos los Tedax, entraba en un garaje ubicado en un bloque de viviendas, donde se localizaron infinidad de productos explosivos inflamables, almacenados sin las debidas medidas de seguridad y cuyo origen no estaba claro.

Los registros culminaron con la incautación de drogas de todo tipo, más de 25 kilogramos de sustancias estupefacientes (principalmente anfetamina o speed, pero también cannabis, cocaína, hachís y ketamina) listas para su distribución, con un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 398.000 euros.

Además de las drogas, también precursores de explosivos. En el garaje de la Plaza Bruño, en Gamonal, almacenaba precursores químicos restringidos y regulados como ácido sulfúrico, perclorato potásico, nitrato potásico, azufre y acetona.

Los agentes de la Guardia Civil de Burgos también hallaron material pirotécnico y de laboratorio, del que intervinieron 91 metros de mecha lenta, 1,3 kilos de pólvora negra terminada, carcasas, cerillas eléctricas y diverso instrumental como agitadores magnéticos, tamices y deshidratadoras.

Los informes técnicos subrayaron la extrema peligrosidad de la instalación. El local no contaba con ventilación ni sistemas contra incendios, poseía una instalación eléctrica casera y se encontraba situado en el sótano de un inmueble residencial de ocho alturas rodeado de otros edificios de viviendas e infraestructuras urbanas.

En su recurso de apelación, la defensa solicitaba la nulidad de los registros judiciales, manteniendo que el acusado era un mero consumidor de estupefacientes y un «gran aficionado a la pirotecnia y a la química» que realizaba experimentos sin afán delictivo.

Sin embargo, el juez del TSJCyL ha rechazado categóricamente estos argumentos. El tribunal concluye que la diligencia de entrada y registro estuvo plenamente motivada por datos objetivos, y califica de «ingente» la cantidad de droga intervenida, que supera con creces cualquier umbral de autoconsumo. Asimismo, el TSJ señala en que la manipulación y almacenamiento sin autorización de componentes explosivos en un entorno residencial conllevaba un riesgo grave y directo para la seguridad colectiva.

Además de las penas de prisión y la multa, la sentencia confirma el decomiso y la posterior destrucción de la totalidad de las sustancias estupefacientes y químicas incautadas.