La semana pasada, el Tribunal Supremo estimó un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares al considerar que el acuerdo de tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". El alto tribunal concluyó que "su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido". La sentencia impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros. Para cumplir con este trámite, el Ministerio ha lanzado esta consulta en la que se abre un periodo de participación pública.

No obstante, sobre la mesa del alto tribunal están pendientes todavía los recursos que interpuso la Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo CEU por considerar que el decreto vulnera las competencias autonómicas en materia educativa y "limita injustificadamente la libertad de empresa", asuntos que sí se refieren al fondo del asunto. El 30 de enero de este año, la sala tercera del Tribunal Supremo rechazó precisamente los recursos de cuatro universidades extranjeras y una española que pedían suspender cautelarmente varios artículos de este decreto, como el referido al número de alumnos necesarios, ya que creía que las alegaciones de la parte actora sobre su pretensión cautelar se referían al fondo del asunto, que requería un análisis detallado.

Tras la anulación del decreto por su forma y no por su contenido el pasado 8 de octubre, el Ministerio de Universidades anunció que sacaría una nueva norma para aprobarla "lo antes posible". "No cambia nuestra convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema universitario y garantice su calidad. No nos cruzamos de brazos", señalaron en un comunicado desde el ministerio en el que recordaban que el decreto anterior había sido tramitado "con todas las garantías" y contó con el aval del Consejo de Estado.

En el documento publicado para lanzar la consulta previa de la nueva norma, que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo, el Gobierno justifica que "existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios" que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española, y que la equiparan a la Europa más desarrollada.

"Ello podría afectar no sólo a las instituciones de nueva creación, sino también al prestigio, la credibilidad y la competitividad internacional del sistema universitario en su conjunto (incluyendo tanto a las universidades públicas como sobre las universidades privadas ya consolidadas y de larga y fructífera trayectoria académica), así como a la confianza de estudiantes, familias y empleadores en los títulos universitarios españoles", agrega en el documento consultado por Europa Press.

Para el Ministerio de Universidades, "la necesidad de la intervención normativa es apremiante", ya que el sistema universitario español "se encuentra inmerso en un proceso de rápida expansión y transformación, caracterizado por el notable incremento de iniciativas de creación de universidades, el crecimiento sostenido de la enseñanza virtual y la creciente relevancia de garantizar una actividad investigadora suficiente como elemento definitorio de la institución universitaria".

"Esta evolución está produciéndose a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta del marco regulador vigente, cuyos instrumentos han evidenciado limitaciones para asegurar de forma efectiva unos estándares homogéneos de calidad en todo el territorio", avisa. En este contexto, el Gobierno destaca que la aprobación de esta norma "no admite demora" ya que, a su juicio, "de mantenerse el régimen actual, podrían seguir reconociéndose y autorizándose proyectos universitarios que no acrediten suficientemente los requisitos académicos, docentes, investigadores y de sostenibilidad institucional que deben caracterizar a una universidad".

El real decreto aprobado por el Gobierno hace un año, y ahora tumbado por el Supremo, exigía, entre otros nuevos requisitos, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes. También reforzaba las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requería un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

La norma también establecía que era necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente. Por otro lado, recogía que el reconocimiento de las universidades on line debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la Aneca.

También exigía que, cuando se quiera crear o reconocer una universidad, en la memoria del proyecto se recoja el compromiso de que la institución va a disponer a los tres años de estar en funcionamiento de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de estudiantes. Con esta norma ya anulada, la universidad debía igualmente dedicar también el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación y el 50% de los profesores tenían ser doctores, dentro de los cuales el 60% tenían que tener una evaluación positiva, con al menos de un sexenio de investigación.