El empresario venezolano Domingo Amaro Rangel, padre de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, que pagaron más de un millón de euros a empresas que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama vincula al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, dio en 2018 un 'pelotazo' con la remodelación de un edificio de lujo cerca de la Puerta de Alcalá, entre la plaza de la Independencia y Cibeles, en el centro de Madrid. La operación inmobiliaria tenía una revalorización prevista de 21,1 millones de euros, según un dosier comercial de los promotores al que ha tenido acceso este periódico.

En su declaración Zapatero aseguró tener "una relación muy cercana a la familia, a los padres, conozco al tío desde el 2015", afirmó. "A los hermanos Amaro les conozco desde hace mucho tiempo. Pertenecen a un grupo familiar venezolano de tres generaciones de empresarios dedicados al sector de los seguros, al transporte y al inmobiliario, a una amplia gama. Es un grupo empresarial muy importante. Son hijos de la segunda generación, son dos jóvenes emprendedores brillantes", completó el expresidente, que en ese momento de la declaración fue interrumpido por el juez Calama, quien destacó que "el padre, bueno, por lo que circula en prensa, parece que ha tenido sus polémicas". Ante lo que el exlíder socialista bromeó: "Bueno, en Venezuela ¿quién no ha tenido polémicas? Si yo le contara...".

Edificio remodelado en la calle Salustiano Olózaga / José Luis Roca / EPC

La operación inmobiliaria de esta familia, que se analiza en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso esta redacción, fue desarrollada entre 2014 y 2018 por la sociedad Olózaga Residencial, que se encargó de la transformación del edificio situado en la calle Salustiano Olózaga, cuyas viviendas fueron vendidas principalmente en 2018. Las cuentas anuales depositadas por la sociedad en el Registro Mercantil a las que este periódico ha accedido a través de Insight View sitúan la cifra de negocios de esta empresa en ese ejercicio a 22,1 millones de euros, con un beneficio neto de 2,2 millones, aunque todavía conservaba activos inmobiliarios contabilizados como existencias por 15,7 millones.

Y, según especifica este documento de Hacienda, los ingresos en 2018 de Olózaga Residencial, de 20,56 millones, procedieron de las firmas Sevilla Property and Management SRL (5.015.381 euros), Inprisma SL (2.783.000 euros), Certain Access Investments SL (2.668.883 euros), Mecsay SO12 SL (2.097.579 euros), Ibrahim Ibrahim Mohamed (2.078.084 euros), Roraima SOHO12 SL (2.056.240 euros) y Livinalli Fernández-Joaquín Orlando (1.915.631 euros).

La sociedad Olózaga Residencial se constituyó a finales de 2013. La operación contó con la intermediación de Renta Corporación, inmobiliaria cotizada catalana que la incluyó entre las transacciones realizadas durante el primer semestre de 2014. No ha trascendido el precio escriturado de la compraventa, aunque la sociedad incorporó a su balance activos por valor de 20,1 millones de euros aquel ejercicio.

Montaje de la presentación de Gran Reserva Activos Inmobiliarios, una de las firmas de Lemonprime o Lasabia, en la que detallaba la operación de Salustiano Olozaga, 12 / Redacción

En el desarrollo participó Lasabia, un grupo inmobiliario vinculado a los primeros empresarios venezolanos que comenzaron a invertir en edificios del centro de Madrid a principios de la pasada década. En aquel entorno empresarial operaban firmas como LemonPrime, Molior y Gran Reserva Activos Inmobiliarios (GRAi), con conexiones empresariales en Madrid y Caracas. Aunque este periódico no ha podido determinar el papel contractual exacto de cada compañía, la documentación corporativa de estas firmas incluía la de Salustiano Olózaga, entre sus proyectos de inversión. Lasabia se atribuía la captación y gestión del inmueble, mientras que Molior figuraba como responsable de la arquitectura y las obras.

La estrategia de la operación consistió en adquirir un "edificio histórico" y "representativo" a un "precio atractivo" en una "ubicación prime", rehabilitarlo y comercializar sus viviendas en el mercado de lujo. Un dosier de GRAi fijaba el "valor inicial" del inmueble en 18,5 millones de euros y su "valor final" previsto en 39,6 millones. La diferencia, 21,1 millones, representaba la revalorización proyectada por los promotores, no su ganancia neta, ya que todavía habría que descontar los costes de rehabilitación, financiación, comercialización e impuestos.

Edificio en la calle Salustiano Olózaga / José Luis Roca / EPC

El proyecto se presentaba como el primer edificio madrileño con concepto "Hôtel Particulier", una fórmula que buscaba combinar viviendas privadas de lujo con servicios e instalaciones comunes propios de un establecimiento hotelero. El dosier original contemplaba 25 apartamentos distribuidos en cinco plantas, además de una planta baja y un semisótano destinados a zonas comunes de un club privado y tres plantas de aparcamiento. La configuración final recogida por Lasabia fue de once viviendas y 46 plazas de garaje, con una superficie conjunta aproximada de 5.400 metros cuadrados.

La rehabilitación tampoco fue sencilla desde el punto de vista urbanístico. El inmueble arrastraba irregularidades desde una reforma anterior, iniciada en 2003 para convertirlo en hotel de lujo, durante la que se habían demolido elementos interiores protegidos. Para desbloquear la operación, Olózaga Residencial promovió un Plan Especial que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en enero de 2016, con Manuela Carmena como alcaldesa. El planeamiento permitió recuperar el uso residencial y rebajó la catalogación patrimonial del edificio, de nivel 2 estructural a nivel 3 parcial, manteniendo la protección de determinados elementos arquitectónicos, especialmente las fachadas. Las obras contaron con un presupuesto de unos tres millones de euros, según varias fuentes.

Imagen de Rodolfo Reyes y Aurora López / EL PERIÓDICO

En el sumario del caso Zapatero se constata que detrás de estas empresas se encuentran varios de los empresarios venezolanos vinculados con la aerolínea Plus Ultra. En concreto, en uno de los apartamentos de lujo de este edificio promovido por la familia Amaro estaba situada la sede social de la mercantil Snip Aviation SL, sociedad desde la cual el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas y su mujer, María Aurora López, controlaban más del 50% del accionariado de la compañía aérea. Previamente, la firma Snip Aviation SL era propiedad del empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, que también se hizo con al menos una vivienda en el inmueble.

El 25 de agosto de 2025, mediante escritura pública de condonación de deuda, María Emilia Chacón y Domingo Arnaldo Amaro Rangel donaron a sus hijos 3,24 millones de euros. Domingo Arnaldo Amaro Chacón comunicó en su declaración de IRPF de 2023, la única que presentó, haber obtenido unas rentas del trabajo por importe de 15.333 euros, que fueron abonados por la promotora del edificio, Olozaga Residencial. Desde mediados de 2023, ha declarado recibir diversos préstamos de su padre, por un valor total de 1,8 millones de euros.

A su hermano Guillermo Alfredo le constan imputados dos ingresos: en 2021, también de Olozaga Residencial, 50.400 euros; y en 2024 un total de 15.125 euros de Estancia Madrid Investments. Desde marzo de 2022 ha declarado recibir diversos préstamos de su padre, por un valor total de 2,7 millones de euros.

Los empresarios venezolanos Amaro Chacón están en paradero desconocido y su empresa Inteligencia Prospectiva transfirió 380.00 euros a la firma Análisis Relevante por supuestas asesorías de Zapatero; 551.760 euros a la empresa Whathefav, propiedad de las hijas del expresidente del Gobierno; y 266.000 euros a Gate Center, el laboratorio de ideas cuyo consejo asesor preside el exlíder socialista.

Al ser preguntado por el juez Calama sobre los pagos realizados por la empresa de los hermanos Amaro Chacón, el expresidente del Gobierno afirmó que estos forman parte de "una familia de un grupo empresarial muy importante, ya es la tercera generación". Después completó que la empresa que crearon en España, Inteligencia Prospectiva, debía de ser "un apoyo" a sus inversiones "en diversos lugares, también en España".

Fuente: El Periódico