La alcaldesa sanluqueña, Carmen Álvarez, al frente de uno de los 15 municipios e instituciones convocantes de la manifestación, encabezó la representación local tras haber promovido previamente alegaciones y denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Junto a ella, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, rememoró el fantasma de la catástrofe de Boliden en 1998 para advertir del riesgo de que la historia vuelva a repetirse. Ambas corporaciones coinciden en que los proyectos de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar (Grupo México) y PMR Las Cruces en Gerena (Resource Capital Fund) ponen en jaque el futuro de sectores clave para la costa gaditana como la pesca, el marisqueo en la desembocadura, la agricultura de regadío y el turismo.

El principal motivo de alarma para los municipios de la desembocadura radica en los 118 millones de metros cúbicos de residuos con metales pesados que ambas minas prevén verter al río durante sus periodos de explotación. Un volumen diez veces superior al vertido por Las Cruces entre 2009 y 2023 y 25 veces mayor que el desastre de Boliden. Pese a que las evaluaciones ambientales de la Junta asumen que los contaminantes se diluyen sin consecuencias, estudios recientes de científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada revelan que los metales se fijan a los sedimentos del fondo y pasan directamente a la fauna marina.

Los datos presentados son especialmente graves para el sector pesquero de Sanlúcar y Chipiona: muestreos de junio de 2025 detectaron en los albures del Guadalquivir concentraciones de plomo que duplican el límite legal para el consumo humano, así como los niveles de cobre y manganeso más altos observados en peces en cualquier parte del mundo. «Nuestros peces, nuestros mariscos y nuestros corrales están en peligro si no se aplican medidas inmediatas», advirtieron desde las delegaciones locales, recordando la urgente necesidad de frenar una contaminación que afecta directamente a los mercados y lonjas de la zona.

Durante la protesta se denunció también el flagrante desequilibrio económico que suponen estas concesiones mineras. Mientras las multinacionales prevén extraer metales valorados en unos 10.000 millones de euros, únicamente aportarán a las arcas públicas un canon de superficie de 55.000 euros por 2.000 hectáreas durante 17 años —una cifra 200.000 veces inferior al valor bruto del yacimiento—, dejando la factura del impacto ambiental sobre los municipios del estuario.

Ante este escenario, la representación municipal de Sanlúcar y Chipiona, arropada por organizaciones como Ecologistas en Acción y la Cofradía de Pescadores, exigió a la Junta de Andalucía y al Gobierno central la aplicación inmediata del Principio de Precaución. La petición unitaria reclama decretar una moratoria absoluta a nuevos vertidos mineros en todo el cauce del Guadalquivir y la constitución de un comité de expertos independientes que analice de forma rigurosa la salud del río para salvaguardar el medio ambiente y el sustento de miles de familias de la comarca.