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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAPor ser uno de los organismos claves de la administración pública, la Contraloría General de la República (CGR) merece estar frecuentemente -y no solamente en ocasión de tronadas y escarceos- en la atención de los sectores sensatos de la opinión pública.Por eso tratamos, de vez en cuando, de poner vista y oído en los asuntos de la Contraloría, que por su característica técnica se desenvuelve con sobriedad, sin buscar asomos innecesarios en los medios de comunicación.Así las cosas, nos hemos enterado de que la CGR inspeccionó 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas, de los cuales 328 recibieron autorización de no objeción, como resultado del proceso de fiscalización técnica desarrollado entre marzo y agosto de 2026.El proceso involucra contratos por un monto conjunto superior a RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones. De las evaluaciones realizadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones de no objeción, mientras que la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental evaluó otros 94 y autorizó 92.Estas inspecciones permiten incorporar un criterio técnico al uso de recursos públicos destinados al alquiler de inmuebles y fortalecer los controles antes de que las instituciones asuman o continúen compromisos contractuales.Entre los inmuebles evaluados predominan los destinados a oficinas, seguidos por almacenes y estacionamientos. También registra la revisión de alquileres de centros educativos privados utilizados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas y señala que una parte importante de las solicitudes corresponde a renovaciones de contratos existentes.Las inspecciones tienen un alcance nacional, aunque los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.El campo de acción de la CGR es muy amplio y abarca todo el territorio nacional -con personal limitado y saturado de trabajo- lo que se demuestra en el hecho de que hace pocas semanas dio formal apertura a la Unidad de Auditoría Interna en el Hospital Traumatológico de AzuaDe Azua, la acción de la CGR pasó a Santiago de los Caballeros, donde instaló unidades de auditoría interna gubernamental en el Hospital Docente SEMMA y en el Hospital Municipal José de Jesús Jiménez Almonte.Es oportuno destacar que cuando se visita la sede de la CGR -en el viejo predio del Ministerio de Finanzas- se percibe inmediatamente que se está en lo que se puede llamar “otra fragancia” de la administración pública, lo que queda evidenciado en que hace algunos días desarrolló para su personal el taller “Trato Digno hacia las Personas con Discapacidad desde un Enfoque de Derechos”, como parte de las acciones orientadas a fortalecer una cultura institucional basada en el respeto, la inclusión y la garantía de derechos.AuditoríasPero un paso importante de la Contraloría, que debe ser aprovechado para examen exhaustivo por parte de los observadores reposados de la opinión pública, es que tiene a disposición de la ciudadanía nuevos informes de auditorías practicadas a instituciones públicas, en cumplimiento de instrucciones del presidente Luis AbinaderPese a que la ley no faculta a la Contraloría a realizar dichas publicaciones, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez (quien luce estar despierto y atento 24 horas en el cargo) explicó que esta nueva entrega dispuesta por el mandatario da continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.Comprende 28 informes correspondientes a 25 auditorías con enfoque integral y a 3 informes de seguimiento a las recomendaciones de auditorías, cuyos resultados podrán ser consultados a través del portal institucional de la Contraloría https://contraloria.gob.do Esta acción permite a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y demás sectores interesados conocer los resultados de las evaluaciones realizadas sobre el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de las disposiciones legales y la efectividad de los controles establecidos en las instituciones examinadas.