Si los maestros no saben enseñar, los niños no aprenderán. Esa verdad elemental debería ordenar las prioridades de la educación dominicana, por encima de las disputas gremiales, los anuncios oficiales y la satisfacción de ejecutar presupuestos.Que el 75.1 % de los docentes obtuviera resultados insuficientes o regulares en el ejercicio de rendimiento profesional constituye una advertencia demasiado grave para despacharla simplemente. La responsabilidad alcanza a las universidades que los formaron, a las autoridades que los seleccionaron y al sistema que debió acompañarlos y corregir sus deficiencias. También compromete al gremio: defender al maestro exige defender la calidad de su trabajo.Construir escuelas, distribuir dispositivos y mejorar salarios son esfuerzos necesarios. Su valor educativo depende, sin embargo, de lo que ocurre entre el profesor y sus alumnos. Ninguna inversión sustituye el dominio de los contenidos ni la capacidad de explicarlos.Urge una formación vinculada al aula, con seguimiento, plazos y resultados verificables. Los cursos y certificados deben traducirse en mejores aprendizajes. La evaluación tiene que servir para corregir, reconocer el mérito y exigir responsabilidades cuando las deficiencias persisten.Los niños, especialmente los más pobres, pagan este lastre con oportunidades perdidas. Cada año escolar desaprovechado agranda una desventaja difícil de remontar. El derecho a aprender debe pesar más que cualquier conveniencia política, burocrática o sindical del sistema.
Si los maestros no saben enseñar, los niños no aprenderán. Esa verdad elemental debería ordenar las prioridades de la educación dominicana, por encima de las disputas gremiales, los anuncios oficiales y la satisfacción de ejecutar presupuestos.
Que el 75.1 % de los docentes obtuviera resultados insuficientes o regulares en el ejercicio de rendimiento profesional constituye una advertencia demasiado grave para despacharla simplemente.
La responsabilidad alcanza a las universidades que los formaron, a las autoridades que los seleccionaron y al sistema que debió acompañarlos y corregir sus deficiencias. También compromete al gremio: defender al maestro exige defender la calidad de su trabajo.
Construir escuelas, distribuir dispositivos y mejorar salarios son esfuerzos necesarios. Su valor educativo depende, sin embargo, de lo que ocurre entre el profesor y sus alumnos. Ninguna inversión sustituye el dominio de los contenidos ni la capacidad de explicarlos.
Urge una formación vinculada al aula, con seguimiento, plazos y resultados verificables. Los cursos y certificados deben traducirse en mejores aprendizajes. La evaluación tiene que servir para corregir, reconocer el mérito y exigir responsabilidades cuando las deficiencias persisten.
Los niños, especialmente los más pobres, pagan este lastre con oportunidades perdidas. Cada año escolar desaprovechado agranda una desventaja difícil de remontar. El derecho a aprender debe pesar más que cualquier conveniencia política, burocrática o sindical del sistema.
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