Después de las escenas de vandalismo del pasado fin de semana en diversas ciudades, Francia sigue conmocionada e indignada ante el mayor estallido violento en décadas. Casi 2.500 detenidos, un millar de policías heridos, edificios públicos –símbolos de la República– quemados o vandalizados, más de 3.000 comercios saqueados, mobiliario urbano destrozado y daños materiales millonarios son algunas de las consecuencias de los sucesos vividos en el país vecino.

La versión del Gobierno, respaldada por el presidente Macron en un discurso al país el domingo por la noche, es que la responsabilidad de estos actos es de “grupúsculos de la ultraizquierda a los que se han sumado numerosos delincuentes”. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha ido un paso más allá, afirmando que detrás de la violencia extrema hay una clara “maniobra política”, y anunció ayer la imposición de toques de queda parciales en algunas ciudades.

Las demandas de los ciudadanos que salieron a manifestarse, desde estudiantes hasta colectivos que protestan por la carestía de la vida y el deterioro de los servicios públicos, son legítimas y posiblemente justificadas. Pero han quedado eclipsadas por el vandalismo que ha sacudido a Francia, desestabilizando su democracia a pocos meses de las elecciones presidenciales. Una violencia que, políticamente, tiene como grandes beneficiados a la ultraderecha y a la izquierda radical. La primera, encabezada por Marine Le Pen, porque puede presentarse en las presidenciales como la única capaz de garantizar la ley y el orden en el país. Mientras, la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon coge la bandera de las protestas, denuncia la violencia policial y se declara portavoz de una sociedad indignada llevada al límite.

La situación refleja el hartazgo general en un país con una deuda pública del 117% del PIB, lo que limita o casi impide hacer las inversiones necesarias para afrontar las demandas de diversos colectivos y de una ciudadanía con dificultades para acceder a una vivienda o llegar a final de mes debido al coste de la vida. Hay en la sociedad francesa un sentimiento de abandono por parte del Estado. Desde los recortes impopulares hasta una polémica reforma de las pensiones, pasando por las carencias en la educación pública, diversas generaciones de franceses han llegado a una inédita convergencia de protestas. La movilización agrupa a estudiantes de secundaria y universitarios, agricultores, transportistas, sindicatos, activistas climáticos y a los llamados chalecos amarillos, que han anunciado otra manifestación para el sábado.

Toda esa indignación, legítima, no justifica en absoluto la violencia y el vandalismo. Por eso urge canalizar las reivindicaciones por medios políticos y el diálogo. El caos del fin de semana también ha puesto en entredicho la actuación de los cuerpos policiales y de unos servicios de inteligencia que no previeron la magnitud de lo que podía suceder ni cómo darle una respuesta adecuada. Consciente de ello, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia a Macron, que la rechazó. Y alcaldes como los de París y Marsella han denunciado fallos del Estado y han pedido explicaciones por errores en el despliegue policial.

Estamos ante la agonía del macronismo. El presidente acaba su segundo mandato desconectado de la sociedad y su capacidad para ofrecer respuestas al descontento social, para poder aprobar presupuestos y para frenar el ascenso de la ultraderecha es prácticamente nula. Macron, con una popularidad del 16%, es un pato cojo incapaz de sacar al país de su peor crisis en décadas. Su respuesta al caos del fin de semana ha sido criticada por aliados y opositores por juzgarla muy débil. Distinguió entre los autores de los destrozos y los manifestantes, de los que dijo entender sus motivos para salir a la calle, pero en casi diez años ha sido incapaz de afrontar las reformas que el país necesita y deja una sociedad polarizada.

La protesta juvenil se extiende por otros países de Europa a las puertas de un superciclo electoral. No parece una revuelta orquestada, sino por razones diversas y ante un futuro sin perspectivas. En España y Portugal se dan acampadas muy vinculadas al problema de la vivienda. En Italia, son movilizaciones por la educación derivadas en choques con la policía y saqueos también en varias ciudades, principalmente Milán, con cientos de detenidos, la mayoría menores de edad. La primera ministra, Georgia Meloni, convocó ayer una reunión de seguridad para abordar la revuelta. Bélgica vivió el sábado manifestaciones con 200 detenidos y también las hubo en Tirana, capital de Albania, tras una semana de incendios y destrozos por las denuncias de corrupción y las exigencias de renuncia del primer ministro, Edi Rama, que ya ha dicho que no dimitirá.