Carlos Cuerpo concedió ayer a La Vanguardia una de las que seguramente serán sus últimas entrevistas de la presente legislatura como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía. En ella recuerda que la sostenibilidad de las pensiones públicas en España y su revalorización anual están protegidas por la ley que se aprobó en el 2021 por iniciativa del gobierno socialista. Con ello intenta combatir la inquietud suscitada ante los anuncios de nuevas reformas que en los últimos días ha hecho la oposición. También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro esta semana que, si es presidente del Gobierno, las pensiones se revalorizarán según el IPC, como ocurre ahora. Aun así, este es un debate que suele aparecer en cada campaña electoral, dado el importante pastel del electorado que representan los pensionistas.

El ministro se muestra convencido de que nada impedirá que el Gobierno, aunque esté en funciones, pueda aprobar el aumento de las pensiones, como cada año, en función del dato de la inflación que se conocerá el 27 de noviembre, justo dos días antes de las elecciones. No podría ser de otra manera, puesto que se trata de la aplicación de la ley vigente. También anuncia que el Ejecutivo estará en condiciones de aprobar el aumento del salario mínimo interprofesional de acuerdo con lo que se pacte con los sindicatos en el marco del diálogo social. En este caso, no sería obligatorio hacerlo y, además, no cuenta con el respaldo de la patronal, por lo que se trata de una medida que busca incidir claramente en el voto para favorecer al PSOE.

La gestión económica del Gobierno se someterá al escrutinio de las urnas, más allá del tiempo en que Cuerpo ha estado en la vicepresidencia después de la marcha de Nadia Calviño en diciembre del 2023. En el haber del Ejecutivo figura el crecimiento de la economía española y del empleo. En el debe, el actual aumento de la inflación (4,9% en septiembre) por culpa de la subida de los combustibles a causa de la guerra en Irán. Más allá de ese factor indiscutible, el Gobierno no ha logrado que las medidas adoptadas hasta ahora impidieran esa subida, que tiene efectos muy negativos en el poder adquisitivo y en la competitividad, lo que acarrea una situación de incertidumbre en el corto y medio plazo. Para amortiguar el impacto de esta guerra, que bloquea el tráfico de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz, el Gobierno impulsó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El pasado viernes, precisamente, se convalidó el tercer paquete de medidas, por valor de 12.000 millones de euros, para proteger de nuevo los hogares, pero también empresas y sectores particularmente afectados. Cuerpo estima que las medidas adoptadas han reducido a la mitad el impacto negativo de ese conflicto en la economía española. Pero, pese a ello, el efecto en los precios es sustancial y se percibe, por su acumulación, de forma acuciante en los bolsillos de la mayoría.

La economía española ha vivido tres años de intenso crecimiento, con un aumento del PIB del 3,7% el 2024, el 2,6% el 2025 y probablemente otro 2,6% el 2026. Con ello España ha crecido considerablemente más que el resto de los países de la zona euro. El paro, asimismo, ha caído por debajo de la barrera psicológica del 10%, un éxito considerable, aunque no ha dejado de ser el más elevado de la UE. Y la deuda pública, pese a su aumento en valores absolutos, se ha situado en el 99,9% del PIB, lo que también es otro buen resultado. Todo ello ha sido posible gracias al aumento del consumo, de la inversión, de la inmigración, del turismo y, en buena parte, de los fondos europeos, que han sido factores fundamentales. Fondos que, cabe recordar, dejarán de percibirse a partir del próximo año. Frente a ello, el gran factor negativo ha sido la ausencia de nuevos presupuestos del Estado en esos tres años. No solo constituye esta una anomalía política e institucional, sino que además, por su prolongación en el tiempo, tiene efectos en la planificación económica y supone una pérdida de oportunidades en un momento de bonanza que, en caso de truncarse, no se habrán aprovechado convenientemente.

La paradoja de esta etapa económica es que todos esos buenos resultados de la economía no se perciben, en toda su amplitud, en el conjunto de la población, debido principalmente al aumento de la inflación, a la escasez y encarecimiento de la vivienda, a la fuerte presión impositiva y a los relativamente bajos salarios que se pagan en el país. El gran desafío que deja pendiente es incrementar la productividad del país y con ello la calidad del empleo y lograr mejores salarios que redunden en un mayor bienestar colectivo. Para ello será fundamental la nueva política presupuestaria que se pueda arbitrar en la próxima legislatura, sea cual sea el resultado que arrojen las urnas.