Dejamos a los juristas la valoración sobre la decisión del Tribunal Supremo que suspende el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. 

Conocido el fallo del tribunal, se descorchó el cava de la demagogia: los nietos de los republicanos no pueden votar, y los de los franquistas, sí. Ni mucho menos. Se impide el su­fragio únicamente a quienes no han acreditado documentalmente cumplir con las condiciones que exige la ley. Son 163.000 personas del total de 369.000 que habían completado su inscripción en los registros con­sulares.

Aunque el número de nacionalidades aprobadas por esta vía es mucho mayor. Superan ya las 600.000 y esperan turno más de 900.000. La cifra seguirá creciendo. Según el Ministerio de Exteriores, son 2,5 millones los ciudadanos que han mostrado interés por disponer de pasaporte español y disfrutar de los derechos de ciudadanía que garantiza este país.

Justicia y elecciones al margen, estas y las que vengan, el debate sobre el fondo de la cuestión es necesario y nos ha sido negado. No existió discusión alguna sobre el particular cuando se aprobó la ley de Memoria Histórica. Nadie previó en la Cámara ­Baja las consecuencias prácticas, cuantitativas y cualitativas, de una cuestión que se consideró marginal dentro del conjunto de la norma.

Los nietos de los republicanos exiliados deben su existencia a hechos históricos que fueron especialmente dolosos para sus abuelos. Pero han construido sus vidas, felices, infelices, alegres o tristes, lejos de aquí. En tanto que herederos de sangre de esa generación forzada a huir, se les puede homenajear, distinguir e incluso otorgarles la nacionalidad, que es lo que decidió la mayoría del Congreso.

Pero sigue pendiente el debate que en su día el gobierno esquivó y que la oposición, por dejadez, pereza o incompetencia, tampoco advirtió.

Porque la nacionalidad, y así sucede en otros países, no tiene por qué ir asociada automáticamente al derecho de sufragio. Solo que esta discusión no puede girar en torno a teorías conspirativas sobre una hipotética alteración del número de votantes con intención ideológica. La cuestión es más sencilla: ¿debe estar en el censo electoral quien no ha pisado jamás una acera de este país y no ha participado nunca de su sostenimiento?