El Ministerio de Exteriores asegura que ha movilizado todos los recursos disponibles para cumplir la última de las órdenes del Tribunal Supremo. Va a poner a trabajar este fin de semana al personal de los consulados implicados en la elaboración de la lista de los afectados por la suspensión cautelar del voto ordenada por el Alto Tribunal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, Félix Bolaños y José Manuel Albares, respectivamente, para que le remitan antes del próximo día 28 los nombres de las 163.020 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' afectadas por la suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) acordada el pasado 10 de septiembre y ratificada el pasado día 12, informa Ángeles Vázquez. Hasta ahora, según señala el alto tribunal en su resolución, la Administración solo ha podido acreditar la condición de descendiente de exiliados en 91 de los más de 31.000 casos revisados.

Según fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares a este periódico, desde la recepción de los primeros autos "se suspendieron los permisos y vacaciones en los consulados" y se ordenó "destinar a esta tarea todo el personal necesario", incluidos efectivos de las embajadas.

Exteriores afirma que ha autorizado "todas las solicitudes de refuerzo de plantilla" presentadas por las oficinas consulares y que ha dado instrucciones para que los funcionarios "trabajen en esta tarea este sábado y domingo, con el objetivo de cumplir el último auto" con el plazo fijado por el alto tribunal. "El Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los consulados de España están realizando todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo", señalan las mismas fuentes, que aseguran que "se van a redoblar esfuerzos si aún cabe para cumplir con este nuevo auto".

En sendos autos, uno por la demanda de Iustitia Europa y otro por la de Vox, la Sala Tercera, con el voto particular de la magistrada Alicia Millán, incluye la amenaza de la imposición de una "multa coercitiva por importe de 1.000 euros" a los ministros que incumplan su requerimiento, a la vez que les advierte de que se reiterarán las multas "hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". Añade que si considera que su incumplimiento reviste caracteres de delito, actuará contra ellos.

El Alto Tribunal señala que "no aprecia obstáculo alguno" a que la Junta Electoral Central proceda a la remisión del primer envío de documentación electoral, prevista entre este sábado y el día 30. No obstante, le pide que incluya la advertencia de que "quienes hayan adquirido la nacionalidad española de origen por el derecho de opción previsto en la disposición adicional 8ª de la ley de memoria democrática, esto es los 'nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española'" están inscritos en el CERA "con carácter provisional".

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