El programa social Bolsa Familia, creado por Luiz Inácio Lula da Silva apenas llegó a la presidencia por primera vez, acaba de cumplir 23 años. Nunca antes como por estas horas provocó tanta controversia. La agitación no es ajena a unas elecciones muy reñidas entre el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y Flávio Bolsonaro. El instrumento creado para sacar a millones de personas de la pobreza extrema es objeto de sus usos en la campaña, ya sea como amenaza lanzada por el PT de un eventual peligro de pérdida de ese beneficio si gana la ultraderecha o las denuncias electoralistas del rival.

A pesar del impacto positivo que tuvo la Bolsa Familia desde su implementación, en 2003, como parte de un programa mucho más ambicioso, Hambre Cero, su vigencia sigue hablando de las deudas sociales del gigante sudamericano cuando se acerca a una encrucijada política inédita: todavía es necesario para 19,3 millones de familias cuyo voto es reclamado por Lula y Bolsonaro. A pocos días de la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro (PL) y Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se disputan pulgada a pulgada los votos de esos beneficiarios. "Aunque este diario se rebela contra la crónica explotación de la miseria ajena con fines electorales, es comprensible la codicia de los candidatos", señaló Estado sobre los 27,2 millones de votantes potenciales que recibieron "el repentino reajuste (de 15 puntos) del subsidio autorizado por Lula en vísperas del primer turno, un contingente capaz de influir en el resultado. "El afán electoral degrada las políticas públicas", señaló la otra influyente publicación paulista, Folha. "No hay interpretaciones benévolas para la versión de Lula, expresada en una entrevista, de que no sabía que los beneficios estaban congelados".

Las posibles utilizaciones de la Bolsa Familia revelan otra cuestión a los analistas: el Gobierno siempre vislumbró las dificultades que lo acechaban en las urnas. En el tramo final de una campaña que, según los sondeos, muestra un virtual empate técnico entre los competidores, el tema se actualizó a partir de la discusión sobre el tiempo que deberían ser otorgados los 122,45 euros a quienes consigan un empleo formal o abran un pequeño negocio. Bolsonaro, que en sus días de iracundia hablaba de "bolsa-limosna", prometió mantenerlo hasta dos años, para salir al cruce de las advertencias del PT sobre la caída algunos de los beneficios en caso de vencer el aspirante del Partido Liberal (PL). En medio de este debate, Lula adelantó el pago de Bolsa Familia para que pueda ser recibido antes de acudir a las urnas. En millones de teléfonos se recibió la información. El bolsonarismo denunció ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la supuesta publicidad institucional irregular en periodo de veda. El Gobierno dijo que esos mensajes no tuvieron fines proselitistas. No todos aceptaron la respuesta. "El uso ostentoso de la maquinaria estatal por parte de Lula ha puesto de manifiesto el fracaso de las normas actuales de la legislación electoral. El jefe del Ejecutivo recurrió al presupuesto para intentar revertir la situación política a toda costa", se quejó en las páginas de Estado, Roseann Kennedy.

El hijo del expresidente sostenía que Bolsa Familia era una manera de "perpetuar la pobreza". Esa afirmación se volvió inconveniente de cara a los comicios y la necesidad del PL de ganar adhesiones entre los brasileños más necesitados. La coordinadora económica del candidato, Daniella Marques, rechazó las acusaciones del PT y dijo que, en caso de llegar al Palacio Planalto, la ultraderecha fijará una regla de transición para los beneficiarios de la ayuda estatal que abren un negocio o los que obtienen un empleo formal. "La protección es el inicio de un camino, y todos merecen soñar con más oportunidades, más dignidad. Es precisamente en eso en lo que queremos enfocarnos".

Jair Bolsonaro sustituyó Bolsa Familia por un programa propio, Auxilio Brasil. Lo presentó como un "instrumento de emancipación" de los receptores. Sin embargo, durante su Gobierno sucedió todo lo contrario. La pobreza pasó del 24,4% al 29,4%. Treinta y tres millones de personas no tuvieron qué comer todos los días.

En un país con 83 millones de ciudadanos endeudados de una u otra manera, Lula propuso un plan de alivio financiero que incluye la condonación de hasta el 95% de las deudas de microemprendedores y trabajadores autónomos, además de nuevas líneas de crédito con tasas de interés bajas y la renegociación de esos pasivos familiares de un modo más eficaz. Con un mismo propósito se prohibieron durante la campaña los casinos digitales y las plataformas de apuestas deportivas que desangraban a numerosas familias. También se han otorgado beneficios a los conductores de taxis y de Uber. Cada iniciativa disparó la pregunta de la oposición sobre los costes del fisco. Bolsonaro cambió la "motosierra" de Javier Milei por el símbolo de una tijera, pero cuando Lula le preguntó durante el primer debate si aplicaría las medidas de su amigo argentino, el abanderado del PL optó por no responder.

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El frenesí de la recta final ha relegado a un segundo plano un asunto que para los economistas no es menor. La deuda pública representa en la actualidad el 82,9% de PIB. La deuda externa ha crecido más que las reservas. "Aunque algunas iniciativas no afectan las normas fiscales —algunas de ellas, como los recursos para financiar préstamos, se consideran gastos financieros—, gran parte termina teniendo un impacto en el endeudamiento del país. La trayectoria de crecimiento de la deuda es el principal motivo de preocupación para los economistas, quienes consideran necesario un ajuste en las cuentas públicas de al menos 250.000 millones de reales (44.225 millones de euros) durante el próximo mandato para estabilizar el indicador. Sin un esfuerzo de esta magnitud, los inversores podrían seguir exigiendo tasas de interés elevadas para financiar al país", señaló Folha.

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