"Esto se repite día tras día en Andalucía. Las mafias de la droga se expanden, operan por toda la costa y cualquier intervención puede acabar otra vez en una desgracia. Basta ya", ha advertido Moreno este viernes en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. El presidente de la Junta ha trasladado así su preocupación por una actividad criminal que, según el Gobierno andaluz, ha dejado de concentrarse en el entorno del Estrecho para extenderse a otros puntos de la comunidad.

El suceso se produjo durante la tarde del jueves, cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz abortó un suministro de combustible a embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico cerca de la desembocadura del Guadalquivir. La intervención derivó en una persecución en alta mar que se prolongó hasta las costas de Huelva.

En el transcurso del seguimiento, la embarcación sospechosa embistió a la patrullera de la Guardia Civil, provocándole daños estructurales visibles. Pese al impacto, los agentes mantuvieron la persecución hasta conseguir interceptar la nave y detener a sus cinco ocupantes. Varios guardias civiles resultaron heridos de carácter leve, con contusiones derivadas de la colisión.

La actuación ha servido a la Junta para insistir en la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales de los cuerpos de seguridad, así como de modificar el marco legal para garantizar su protección durante las intervenciones contra el narcotráfico.

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha responsabilizado directamente al Gobierno central de la situación. "Sánchez y Marlaska han abandonado a nuestra Guardia Civil, y siguen sin dotarla de los recursos humanos, materiales y legales necesarios para luchar con todas las garantías contra el narco y acabar con su impunidad", ha señalado en X, donde ha expresado también su apoyo a los agentes heridos y les ha deseado una pronta recuperación.

La denuncia más contundente ha llegado del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que el narcotráfico está pasando a convertirse en un "problema estructural" en Andalucía como consecuencia de la "dejación" de funciones del Gobierno de Sánchez.

Sanz ha lamentado el "abandono y la falta de medios" que, a su juicio, sufren la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y los funcionarios de prisiones. El consejero ha reclamado una respuesta del Estado ante una actividad criminal que, según ha explicado, comenzó concentrándose en el entorno del Estrecho de Gibraltar y se ha extendido progresivamente a todas las provincias, a la costa y a los ríos. "Esto tiene que acabar", ha afirmado, antes de exigir que se reaccione con más medios y medidas para proteger a los profesionales que intervienen en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico.

El responsable de Presidencia ha insistido también en la necesidad de reconocer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo. En este sentido, se ha preguntado qué más tiene que suceder para que el Gobierno adopte esa medida, después de los fallecimientos de efectivos de la Guardia Civil, la Policía y Vigilancia Aduanera en operaciones contra el narcotráfico. "Ha llegado la hora de acabar con ese abandono, con esa falta de respeto y de apoyo que el Gobierno de Sánchez está teniendo con nuestros cuerpos de seguridad", ha sostenido.

Uno de los principales reproches de Sanz se dirige a la desaparición de la unidad especializada OCON-Sur, cuya reactivación considera fundamental para combatir el narcotráfico en Andalucía.

El consejero ha recordado que Moreno remitió hace dos meses una carta al presidente del Gobierno para reclamar la recuperación urgente de esta unidad, que ha definido como una iniciativa de "extraordinaria trayectoria" y una de las herramientas más importantes para desarrollar una lucha integral contra las organizaciones criminales.

Sin embargo, según Sanz, Sánchez no ha respondido a la petición ni ha adoptado medidas para restablecerla. "Dos meses después, Sánchez no ha hecho nada ni ha contestado esa carta", ha denunciado.

La Junta considera que la ausencia de esta unidad especializada, junto con la insuficiencia de medios y la falta de reformas legales, dificulta la capacidad de respuesta frente a unas organizaciones que han incrementado su capacidad operativa y su disposición a enfrentarse a los agentes.

Sanz ha advertido de que los narcotraficantes utilizan actualmente embarcaciones de alta velocidad y armas de guerra, mientras que los guardias civiles deben afrontar muchas de estas intervenciones con medios que considera insuficientes. Ha contrapuesto las dimensiones y capacidad de las narcolanchas con las embarcaciones con las que patrullan los agentes, en numerosas ocasiones zodiac.

Además, ha criticado que el marco legal no proporcione suficiente protección a los efectivos cuando tienen que hacer uso de sus armas para defenderse. Según el consejero, otros países europeos han modificado sus normas para garantizar la seguridad de los cuerpos policiales, mientras que en España persiste una situación de "desprotección y abandono".

La reclamación de la Junta no se limita a la dotación de más recursos materiales. Sanz ha pedido también reformas normativas que permitan a los agentes desarrollar su trabajo con mayores garantías, entre ellas cambios en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El consejero ha reclamado igualmente la creación de órganos judiciales especializados en la lucha contra el narcotráfico, una medida que considera necesaria para reforzar la respuesta institucional frente a las organizaciones criminales. A su juicio, la gravedad de la situación exige una actuación coordinada que combine medios policiales, protección jurídica y especialización judicial. La Junta sostiene que la expansión del narcotráfico por Andalucía hace insuficiente mantener una respuesta limitada a los puntos tradicionalmente más afectados.

Sanz ha expresado su convencimiento de que el Gobierno de Sánchez ya no reaccionará ante estas demandas, al que ha dado por agotado políticamente a pocos días de las elecciones del 29 de noviembre. En ese contexto, ha confiado en que el futuro Ejecutivo central asuma un compromiso claro con las fuerzas de seguridad y adopte las reformas que reclama Andalucía.

La embestida de la narcolancha en aguas de Huelva vuelve a situar así en el centro del debate la capacidad de los agentes para afrontar operaciones contra el narcotráfico en el litoral andaluz. La Junta reclama más efectivos, mejores medios, protección legal y la recuperación de OCON-Sur, mientras advierte de que la expansión de las mafias amenaza con consolidar un problema que ya considera estructural.