Un proyecto de ley que busca castigar con penas de hasta ocho años de cárcel a quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos durante manifestaciones públicas fue radicado este lunes en el Congreso.

La iniciativa, denominada ‘Ley Anticapuchos’, fue presentada por los representantes Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, y cuenta con el respaldo de congresistas de diferentes regiones y bancadas. 

El proyecto busca tipificar como delito el ocultamiento de la identidad exclusivamente cuando esto sea utilizado para facilitar la comisión de delitos durante protestas, movilizaciones, reuniones o concentraciones públicas.

En concreto, la propuesta establece que quien utilice buzos amarrados, máscaras, pasamontañas u otros elementos para impedir o dificultar su identificación y cometa actos vandálicos en medio de una manifestación podrá enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.

También contempla multas de entre 50 y 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Aquí lo que queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo, salen a ejercer ese derecho constitucional que es protestar; pero se sabe que quien usa una capucha en medio de una protesta, sale a delinquir”, afirmó Arizabaleta.

Por su parte, Triana aseguró que la propuesta busca endurecer las consecuencias para quienes aprovechan el anonimato para cometer delitos y causar daños durante las manifestaciones.

“No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia”, señaló.

El proyecto también plantea agravantes cuando durante estos hechos se utilicen artefactos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de causar graves daños a las personas o a bienes públicos y privados.

También habría un tratamiento más severo cuando las conductas afecten establecimientos educativos, instituciones de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos esenciales.

La iniciativa también pone la lupa sobre los bloqueos. El articulado propone las mismas penas y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos para quien, por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar vías o infraestructura de transporte.

Para que se configure esta conducta, según la propuesta, el bloqueo deberá poner en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.

El proyecto comenzará ahora su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde deberá surtir su primer debate.

Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacción Justicia