CI.- Denuncias por acoso sexual y apropiación de baldíos rodean al senador casanareño del Centro Democrático, quien es uno de los jefes de debate de la candidata uribista.

En las últimas horas, una exfuncionaria denunció por abuso sexual ante la Fiscalía a Alirio Barrera, cuando este se desempeñaba como gobernador de Casanare en 2016. El ente acusador dejó el caso en manos de la Corte Suprema de Justicia.

La mujer, que ha preferido el anonimato, relató su denuncia a un medio y dijo que había guardado silencio por temor a represalias, pues considera que el hoy senador es una persona poderosa en la región.

Según su testimonio, en 2016, cuando ella tenía menos de 20 años, ingresó al despacho del gobernador para realizar gestiones en favor de la comunidad religiosa a la que pertenecía. En ese momento:

«Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó». A pesar de que ella le reclamó, él optó por ignorarla.

«Siempre me dije que debía esperar a que este señor perdiera su poder. Pensé que cuando terminara su periodo como gobernador eso iba a pasar y podría denunciar sin tanto miedo. Pero en diez años lo que ha hecho es escalar: primero a senador y luego otra vez senador». “Yo no podía seguir callada”, explicó, y añadió que el episodio le dejó cuadros de ansiedad extremos.

El equipo del senador le aseguró al medio Cambio que todo es mentira y que se trataría de un “ataque político”.

Lo investigan por apoderarse de predios baldíos

Recientemente, el Tribunal Superior de Yopal (Casanare) negó la tutela que interpuso el senador Barrera, en la que pedía al medio Casa Macondo rectificar parte de una investigación que lo implica en un caso de apropiación ilegal de 587 hectáreas de terrenos baldíos en Casanare.

Según los periodistas, el senador del Centro Democrático amasó 587 hectáreas de baldíos estatales mediante el englobe y la subdivisión de predios. A partir de estos negocios y de su periodo como gobernador, Barrera se convirtió en un poderoso gamonal del uribismo en uno de los departamentos más afectados por el despojo y el paramilitarismo.

«Su patrimonio no es una simple acumulación de capital, sino un rompecabezas de 273 registros de propiedad que fragmentaron el territorio para dar paso a un negocio de urbanismo de alta gama», dijo el periodista Juan Pablo Barrientos, de Casa Macondo.

Las propiedades cuestionadas, todas de origen baldío, incluyen tres globos de terreno de origen estatal: el Condominio Peñones de Piedemonte, de 373 hectáreas en Aguazul; el predio El Diamante, de 449 en Nunchía; y la finca Édgar, de 38 en Aguazul. La cifra total asciende a 587 hectáreas.

El anterior propietario y vendedor de uno de los predios fue José Antonio Cala López, hermano de Helí Cala López, exgobernador de Casanare condenado en 2024 por celebración indebida de contratos e investigado en la JEP por vínculos con el paramilitarismo.

Según Casa Macondo, Alirio Barrera llevó a cabo un proceso de acumulación y fragmentación masiva de tierras, y vendió lotes de 2500 metros cuadrados por valores entre 50 y 100 millones de pesos, muchos de ellos a sus familiares y amigos.

Ley establece que baldíos estatales son para comunidades

La Ley 160 de 1994 establece que los baldíos son bienes imprescriptibles que no pueden ser acumulados por una sola persona en extensiones que superen una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Esa medida varía según la región, con rangos entre las cinco y las doce hectáreas, lo suficiente para asegurar el sustento de una familia rural.

Bajo el rigor de la sentencia SU-288 de 2022, las actuaciones de Alirio Barrera son ilegítimas. La Corte Constitucional decretó que los baldíos son imprescriptibles y que cualquier apropiación sin adjudicación formal es nula. El senador acumuló 587 hectáreas de origen baldío, violó la prohibición de concentrar más de una UAF y participó en la fragmentación y venta comercial de tierras con una finalidad social innegociable.

Hasta el momento, se espera que la Agencia Nacional de Tierras confirme lo expuesto en estas investigaciones y procese conforme a la ley, para recuperar estos predios y entregarlos a comunidades, como lo ha hecho en casos anteriores el actual gobierno.

CI CZ/FC/31/03/2026/12:00