CI.- La fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó este 27 de marzo una directriz que reconoce el escrache como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y obliga a los fiscales a aplicar enfoque de género en las investigaciones relacionadas con denuncias públicas de violencia contra las mujeres. La medida responde a las críticas por la ausencia de esta perspectiva en el caso de Lina Castillo, denunciante del gerente de RTVC, Hollman Morris.

Este 27 de marzo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, firmó una directriz que exige a los servidores de la entidad proteger las denuncias públicas por violencia de género. El documento, que acata sentencias de la Corte Constitucional, establece que «el escrache es el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión» y busca evitar que las denunciantes de estos delitos enfrenten persecución judicial.

La nueva directriz detalla el enfoque que deben aplicar los fiscales al investigar casos de violencia de género denunciados mediante el escrache, un derecho que la Corte Constitucional reconoció en tres sentencias como parte de la libertad de expresión.

El derecho al escrache

La decisión surge tras los señalamientos por la falta de enfoque de género en el caso de Lina Castillo, una joven que en 2019 denunció públicamente al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presunto acoso sexual cuando él era concejal de Bogotá. Esas denuncias se sumaron a otras formas de violencia contra mujeres, como ciberacoso, amenazas y acoso laboral.

. @HOLLMANMORRIS es un abusador del poder en todas las formas posibles. Aquí voy a hacer un recuento de las víctimas que le conozco, incluyéndome, por nivel de daño:

1. Lina Castillo a quien tiene en juicio por hacer ejercicio de su derecho a la libertad de expresión (escrache).

— 💮Mónica (@monigodoyf) March 22, 2026

Durante el proceso judicial, Castillo no solo enfrentó las acusaciones de injuria y calumnia que interpuso Morris, sino también una investigación en la que, según críticas de más de cien periodistas, la Fiscalía desconoció el enfoque de género que debió aplicar. Ante los cuestionamientos, la fiscal Camargo ordenó reasignar el caso a un fiscal de mayor rango para que lo estudie con esa perspectiva.

En una entrevista con el medio Cuestión Pública, la funcionaria reconoció que, en este caso, «la Fiscalía no estaba actuando de forma prolija».

A partir de ahora, los fiscales deberán considerar las denuncias en redes sociales o medios de comunicación para iniciar acciones legales, sin exigir una acusación formal ni la comparecencia inmediata de la víctima. Asimismo, la directriz advierte que una acción judicial por injuria o calumnia no puede silenciar a las mujeres.

En paralelo, tras conocerse las denuncias de varias periodistas en medios como Caracol Televisión, la Fiscalía habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para “recibir, dirigir y coordinar las investigaciones a que haya lugar con enfoque de género”.

Mientras tanto, más de 90 funcionarias y contratistas del sistema de medios públicos (RTVC) firmaron una carta en defensa de su gerente, Hollman Morris, cercano al presidente Petro, quien enfrenta nuevamente las denuncias en medio de este nuevo contexto institucional.

CI FC/27/03/2026/20:00