Desde que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) entraron en funcionamiento en Barcelona y otros municipios de Catalunya, las sanciones son el elemento más controvertido de esta regulación que veta a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Lo muestra el hecho de que importantes ayuntamientos busquen vericuetos legales para eximir de multas a sus vecinos, sobre todo a menos de un año para las próximas elecciones municipales, o que el Ministerio de Transportes exija a los consistorios aplicar sanciones por las ZBE como uno de los requisitos para que puedan acceder a las ayudas estatales al transporte público. En un reciente informe, la Sindicatura de Comptes de Catalunya fiscaliza a los ayuntamientos por sus sanciones vinculadas a las ZBE. Y concluye que Barcelona, ciudad pionera en esta normativa, tan sólo logra cobrar en torno a un 23% de la cuantía total de las multas que impone cada año.

La Sindicatura, cuya misión es fiscalizar la gestión económica del sector público catalán, toma como referencia el periodo entre 2022 y 2025, este último año hasta marzo. Tras estudiar los datos públicos cedidos por el propio consistorio, infiere que la proporción de cobro de sanciones por ZBE en cada ejercicio se limita a una cuantía que oscila entre el 17,4% y el 23,5% del importe total de las multas. Por ejemplo, el consistorio puso el año 2022 sanciones por valor de 18 millones, de los cuales únicamente consiguió cobrar 3,1 millones (17,4%). De los 16,4 millones de las sanciones del 2023, recaudó 3,3 millones (20,2%). En 2024, ingresó en las arcas municipales 2,8 millones sobre un total previsible de 12,2 millones (23,5%). En el primer trimestre de 2025 fueron 1,2 millones los cobrados sobre los 5,6 totales a los que hacían referencia las sanciones (22,7%).

El informe lamenta que "se constata que no siempre había una correspondencia directa entre las sanciones impuestas y los importes cobrados", aunque reconoce que los importes recaudados por Barcelona y Sant Cugat del Vallès son "relevantes". Con respecto al conjunto de los ayuntamientos obligados a una ZBE, la Sindicatura valora que, "pese a la existencia generalizada de marcos sancionadores, su aplicación efectiva es todavía limitada en muchos municipios, con una concentración clara de la actividad sancionadora en pocos casos".

Ante consultas de EL PERIÓDICO sobre las sanciones incobradas, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha explicado en varias ocasiones que las causas son heterogéneas. Por ejemplo, puede tratarse de cobros pendientes que se arrastran de un ejercicio a otro. Luego también hay casos de insolvencia en que no existen bienes localizables cuando se ejecuta un embargo tras no mediar pago voluntario del contribuyente. También pueden mediar anulaciones por prescripciones, al superarse los márgenes en que debe procederse a la notificación o la liquidación de las penalizaciones. E incluso pueden darse supuestos de derogaciones por defunción del infractor. “Después también hay un volumen de circunstancias en las que nos hemos podido equivocar”, apuntó recientemente a este diario sobre multas incobradas el gerente del Instituto Municipal de Hacienda (IMH) de Barcelona, Josep Medrano.

Pese al 'agujero' entre el importe previsto de sanciones y la recaudación, la Sindicatura concluye que en materia de sanciones "Barcelona destaca claramente por su volumen y trayectoria, con un número muy elevado de sanciones desde el año 2023 y una recaudación significativa, hecho que evidencia un sistema plenamente operativo y consolidado".

La cifra total de sanciones del gran ayuntamiento catalán entre el 22 de febrero del 2023 y el 31 de marzo del 2026 es de 261.870, indica el informe. Le siguen Sant Cugat, con 9.568 sanciones desde el el 1 de noviembre del 2021 y una recaudación anual entre 163.600 y 374.700 euros, y Sant Boi de Llobregat, con 2.370 multas desde el 10 de marzo del 2025.

Más allá del limitado cobro de las sanciones, el informe de la Sindicatura también reprocha a las administraciones locales que la laxitud de los ayuntamientos al multar "reduce la efectividad" de las ZBE. Entre enero del 2022 y marzo del 2025, calcula el órgano fiscalizador, únicamente seis de los 23 municipios de Catalunya obligados a una ZBE sancionaban a los vehículos contaminantes que accedían a los perímetros para proteger la calidad del aire.

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Es un recuento calcado a un análisis de este diario de marzo del 2025, el primer ejercicio en el que las administraciones locales estaban obligadas a cumplir con la medida, según la regulación estatal. Pese a que todos los municipios disponían en aquel momento de procedimiento sancionador por incumplimiento de las restricciones de las ZBE, "solo Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Viladecans lo aplicaban efectivamente", concluye el dictamen de la Sindicatura.

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