Просмотр новости
Найдите то, что Вас интересует
Спутники
РН
SpaceX
Роскосмос
NASA
СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASAEl debate sobre la enajenación mental en el sistema judicial ha vuelto a la actualidad tras el estreno de un documental sobre el caso de Michael Barrison, un jinete olímpico cuya condena ha pasado de 80 años de prisión a un internamiento psiquiátrico tras disparar a su alumna Laura Canerec. En este contexto, Alberto Herrera ha abordado en 'Herrera en COPE' la realidad de estas instituciones junto a Vanessa, funcionaria del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. En España solo existen dos centros principales con estas características, situados en Sevilla y Alicante, además del centro ubicado en Brians 1 en Cataluña.Durante la entrevista, Vanessa ha explicado los tres perfiles de personas que ingresan en estas instalaciones por una medida de seguridad dictada por un tribunal sentenciador. Según ha detallado, el centro acoge a detenidos o presos en periodo de observación para valorar patologías, a personas con enfermedad mental que han cometido un delito y a penados de centros ordinarios a quienes el juez cambia la pena por una medida de internamiento tras diagnosticárseles una patología.Respecto a la organización interna en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, la funcionaria ha indicado que la instalación dispone de cuatro módulos de convivencia ordenada, entre los que destaca el módulo de agudos. Este departamento acoge a pacientes recién ingresados, desestabilizados o bajo observación judicial, permitiendo un control más riguroso y una atención especial con mayor presencia de personal.En relación con los riesgos de seguridad, Vanessa ha recordado el suceso registrado el pasado 13 de julio, cuando un interno de 26 años ha sufrido una crisis repentina. "Un paciente se desestabilizó más rápido de lo que podíamos haber detectado y hubo dos homicidios en su habitación", ha afirmado la funcionaria, quien ha subrayado la extrema dificultad de prever este tipo de conductas en personas con un comportamiento habitualmente normalizado.Ante la posibilidad de evitar que los internos compartan estancia, Vanessa ha argumentado que actualmente el centro alberga entre 100 y 130 pacientes, por lo que aislar a cada uno impediría su rehabilitación y reinserción en la sociedad. "Las personas son evaluadas por un equipo multidisciplinar", ha aclarado, señalando que únicamente se asignan habitaciones individuales en los casos donde se detecta previamente un riesgo claro de peligrosidad.En cuanto al tratamiento diario, Vanessa ha detallado que el suministro de fármacos se realiza mediante el protocolo de toma directamente observable (TDAO). Sin embargo, ha reconocido la existencia de trapiches de medicación por parte de pacientes que ocultan las pastillas o que ejercen su derecho a negarse a tomar la dosis, situación que se traslada mediante informe al equipo médico y al juez sentenciador.Asimismo, la funcionaria ha defendido el derecho a los vis a vis para los pacientes estabilizados, destacando que la red de apoyo familiar resulta clave para su recuperación. En los casos de desestabilización en el módulo de agudos, las comunicaciones presenciales se sustituyen por cristales, llamadas telefónicas o videollamadas para no perjudicar el proceso de rehabilitación.Por otro lado, Vanessa ha advertido de que la escasez de psiquiátricos penitenciarios provoca que las enfermerías de los centros ordinarios sufran una alta presión al atender a personas con patología dual de salud mental y adicción a tóxicos. Esta situación colapsa los servicios de atención especializada y limita el espacio para reclusos con necesidades exclusivamente médicas.Finalmente, sobre el impacto personal de trabajar en este entorno, Vanessa ha resaltado su compromiso empático con la salud mental. "Intento verlo como que ha pasado ese suceso y que no era consciente de la gravedad de esos hechos", ha compartido, concluyendo que afronta su labor comprendiendo que se trata de personas que padecen una enfermedad severa.