El Gobierno local propondrá en el próximo pleno dar el primer paso para sacar a concesión las piscinas de O Carregal por un período de 25 años. El Ejecutivo municipal que lidera la socialista María Barral planteará a la Corporación dar luz verde definitiva al estudio de viabilidad de este contrato que, como ya avanzó este diario, prevé una inversión inicial de 1,7 millones para la puesta a punto de este complejo deportivo y un desembolso total de 2,5 millones durante la vigencia de la concesión (más IVA).

"Queremos dar un paso adiante para que Betanzos teña unha piscina e un complexo deportivo á altura das necesidades actuais da cidadanía. As instalacións levan funcionando desde 1991 e necesitan unha actualización importante e o modelo que propoñemos permite afrontar esta transformación", defiende la regidora.

La propuesta no contará con el apoyo de los socios de investidura del BNG, que avanzan su voto en contra. Su portavoz, Amelia Sánchez, deja claro que no apoyarán esta "privatización durante 25 anos" del complejo deportivo: "Para nós é unha liña vermella", afirma rotunda la edil, que recuerda que uno de los acuerdos del pacto de investidura pasaba precisamente por dar pasos hacia la gestión directa.

El Gobierno local renuncia inicialmente a esta vía en base a las conclusiones del estudio de viabilidad redactado por Brular Gestión, que se decanta por sacar a concurso la explotación de este complejo deportivo por un período de 25 años, un plazo que considera necesario para que la empresa concesionaria pueda rentabilizar la inversión necesaria para modernizar unas instalaciones construidas en 1991 y que han quedado totalmente obsoletas. La opción que plantea pasa porque la empresa asuma la gestión ordinaria del servicio y los costes de su exploración, incluidos los de personal.

El Concello aportaría 113.000 euros anuales (más IVA) para "garantizar la viabilidad económica" de la concesión. Esta ayuda suscita las dudas de la Intervención municipal, que considera "fundamentada" en líneas generales la propuesta pero que advierte de que el importe de esta subvención toma como base los datos de partida de la explotación sin considerar la subida de tarifas prevista. El funcionario advierte además de que el estudio no incluye los consumos de agua y suministro de energía, gastos que, en caso de ser asumidos por el Concello, reducirían el riego de la explotación que la ley obliga a transferir al concesionario, "sobre todo si se tiene en cuenta el mercado volátil de los precios".

El Ejecutivo discrepa y defiende en su propuesta que la aportación de 113.000 euros está dirigida a "garantir a accesibilidade e o mantemento dos prezos públicos" y que el hecho de que el suministro eléctrico sea coordinado a través de los contratos centrales municipales "responde a criterios de economía de escala e optimización": "Os costes laborais representan máis do 85% do gasto operativo ordinario e será asumido íntegramente polo concesionario. Polo tanto, a exposición ás incertezas do mercado é real, substancial e suficiente para garantir a transferencia do risco operacional", argumenta en su propuesta, en la que llama también la atención sobre el hecho de que el contrato no garantiza ningún ingreso mínimo de la explotación ni recaudación mínima de abonados.

El estudio de viabilidad, de ser refrendado por el pleno, tendrá que obtener el dictamen favorable de la Oficina Nacional de Evaluación como paso previo a la licitación del contrato.