Tras horas de nervios e incertidumbres y después de hacerse a la idea de que iba a tener que abandonar su hogar, Sehar Iman, que carga con un embarazo de 32 semanas y considerado “de alto riesgo”, se ha fundido en un abrazo con su vecina Rosana. El mismo gesto se ha repetido justo después con otra vecina: Nora. Ambas se acababan de enterar de el desahucio de Sehar y su familia se había suspendido y que iban a seguir viviendo en la que ha sido su casa durante los últimos cuatro años y medio. Un piso de algo más de 40 metros cuadrados en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà por el que ya le cobraban a ella y su marido algo más de 800 euros.

La familia trató de parar el desalojo con un recurso en el que adjuntaron un informe médico explicando la condición de embarazo de la mujer, de 25 años. Sin embargo, el Tribunal de Instancia de Cornellà valoró que no era motivo suficiente para aplazarlo. “El hecho de que ahora se suspendiera por uno o dos meses no cambia la situación en que se encuentra la demandada embarazada de siete meses. Porque aunque se diera la prórroga de un mes o dos, seguiría embarazada o a punto de parir y postparto”, reza el texto del juzgado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Una vecina (Rosalma) abraza a Sehar Iman tras conocer la suspensión de su desahucio en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà. / Belén González

Aunque la comitiva judicial no ha llegado a aparecer, una docena de activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Barcelona se ha desplazado hasta el domicilio de Sehar, su marido Muhammad y sus dos hijas —de tres y dos años— para tratar de frenar el cuarto intento de lanzamiento de la familia. Mientras se terminaba de confirmar que el desalojo finalmente se había paralizado, ha saltado la noticia de que el Consejo de Ministros había aprobado el decreto de protección ante los desahucios hasta 2030. A expensas de su convalidación en el Congreso del viernes, ésta será una herramienta a la que la misma Sehar Iman se prevé que se pueda acoger para permanecer en su vivienda.

De hecho tras analizar el caso, desde la PAH han explicado que el último intento de desalojo de la familia se paralizó el pasado mes de diciembre gracias a que aún estaba en vigor el anterior decreto antidesahucios, pero que cuando este cayó, la propiedad —Licata Residencial S.L., una filial del fondo de inversión Cerberus— reactivó el proceso. No está claro todavía por qué se ha suspendido finalmente el desalojo de este martes 29 de septiembre, aunque la plataforma sospecha que el temporal que ha azotado Catalunya y la presión por la emergencia habitacional han podido influir. Menor fortuna ha tenido unas horas antes otra familia vulnerable de Mataró compuesta por siete personas, entre las que se encuentra un hombre con un 87% de discapacidad y tres menores, a la que sí que han echado de su casa.

Sehar y Muhammad celebran junto a la PAH la paralización 'in extremis' de su desalojo. / Belén González

“No solo soy yo. Hay más gente, más familias muy vulnerables, y nadie merece ese trato, nadie se tiene que quedar en la calle”, ha dicho Sehar a la puerta de su casa, tras explicar que el día anterior acudió a la manifestación frente al Palau de Congressos para protestar por el desahucio de Maricarmen en Madrid, el de Olga en L'Hospitalet y reclamar soluciones a las administraciones. Rosalma ha explicado que al abrazarse se ha roto a llorar de alegría por su vecina porque ella misma vivió una situación muy similar hace unos años y también logró mantener su vivienda ‘in extremis’.

Con las primeras lluvias de la mañana, poco antes de las 10.00 horas, Muhammad, ayudado por unos amigos, cargaba la nevera, algunos muebles y otos efectos personales en una furgoneta amarilla aparcada a pocos metros del portal de su vivienda. Pocos minutos después, la alarma de emergencia que avisaba de riesgo de inundaciones en la comarca del Baix Llobregat ha sonado en los teléfonos móviles de todo el barrio de Sant Ildefons: “No salgáis al exterior. No vayáis a buscar el coche. Si llega el agua, subid a zonas elevadas”. Unas indicaciones que han llegado con la furgoneta aún abierta de par en par y con la orden de desahucio aún en marcha.

Explica la misma Sehar que ella y su familia llegaron a España procedentes de Pakistán hace ya 11 años. Se instalaron entonces en Montcada i Reixac, donde vivió hasta que se casó con Muhammad y se mudaron al barrio de Sant Ildefons. Tras tener a su primera hija, relata, la echaron del trabajo, una situación que, señala, ya llevó a los tribunales. Su marido tenía un permiso de estudiante y trabajaba también en la misma empresa que ella, pero también lo echaron. Empezaron los impagos y, poco después, las primeras órdenes de lanzamiento. Explica la mujer que de la mano de la administración habían intentado negociar un alquiler social con la propiedad del inmueble, pero que esta se había negado a aceptarlo. Aunque este diario ha tratado de ponerse en contacto con este diario por distintos medios, en el momento de publicación del artículo, no ha obtenido respuesta.

Sehar se abarza con Nora, una vecina del mismo bloque de Sant Ildefons del que iba a ser desahuciada. / Belén González

Sehar señala que tanto ella como su marido cuentan con estudios superiores. Ella estudió comercio internacional en la Universitat de Barcelona (UB), lo que, poco después de terminar la carrera, le permitió trabajar controlando “la logística de una multinacional”. “Pagaban bien”, reconoce. Pero desde que fue madre y perdió el empleo no ha logrado volver a una posición similar. Su marido cursó un doctorado también en la UB en cadena de suministros, unos estudios que le deberían permitir acceder a unos estudios “muy estables”, pero a los que no puede aspirar mientras no llegue su permiso de trabajo.

Por ello, en los últimos años, Sehar ha terminado por trabajar como repartidora en Glovo. Una profesión que ha ejercido, durante algo más de un año y hasta hace pocas semanas, durante cuatro horas al día para garantizar unos ingresos mínimos que, claro, no dan para cubrir todas las necesidades básicas. Fuentes del Ayuntamiento de Cornellà confirman que la familia está en seguimiento de los Servicios Sociales de la ciudad y que cuentan con los respectivos informes de vulnerabilidad, que ya habían trasladado a los juzgados para tratar de contribuir a que se buscase una salida. Con todo, Sehar y su familia no tenían claro que hubiera sido de ellos si se hubiera producido el desahucio y señalan que desde los Servicios Sociales simplemente les indicaron que acudieran a sus oficinas si se efectuaba el desalojo para buscar entonces una alternativa habitacional.

Sehar Iman, tras evitar su desahucio en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà. / Belén González

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