Дата публикации: 15-10-2026 04:01:18

El Tribunal de Cuentas da carpetazo al frente contable del procés. Tras meses de tiras y aflojas, de cuestiones prejudiciales e interpretaciones, el máximo órgano fiscalizador ha aplicado finalmente este miércoles la amnistía a los 35 ex altos cargos de la Generalitat encausados por la factura del referéndum del 1-O y la promoción exterior del proceso soberanista. "Resulta claro que están incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley los hechos que constituyen el objeto del presente procedimiento", ha sentenciado el tribunal. La resolución supone un paso más hacia una amnistía que aún debe acatar el Tribunal Supremo y que está pendiente de aplicación en decenas de casos, que afectan tanto a activistas como a políticos.La sentencia relativa al 1-O impuso penas de prisión, pero no fijó responsabilidad civil. En lugar de eso, el Supremo remitió el fallo al Tribunal de Cuentas para que fijase las cantidades a reclamar. El organismo fiscalizador abrió un procedimiento y lo dirigió contra una treintena de personas. Entre ellas, los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresident Oriol Junqueras. Bajo la lupa, entre otros, estaban los gastos asociados a la puesta en marcha de la web de la consulta, la puesta en marcha del Registro de Residentes en el Exterior, el transporte del material electoral o las actividades de Diplocat. Una factura, entre el referéndum y la acción exterior del procés, que Sociedad Civil Catalana situó en 4,97 millones y la Fiscalía rebajó a 3,09 millones.Cuando entró en vigor la Ley de Amnistía, el órgano fiscalizador planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y la respuesta fue clara: la medida de gracia no podría aplicarse si los gastos cuestionados se hubieran realizado con fondos europeos. En este caso, la Intervención de la Generalitat expidió un conjunto de certificados en los que rechazaba expresamente la financiación comunitaria de estos gastos. "Al no haber quedado acreditada, en relación con los hechos aquí enjuiciados, una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en la vertiente relativa los gastos contemplados en su presupuesto, (...) procede declarar extinguidas las presuntas responsabilidades contables", recoge la sentencia del Tribunal de Cuentas.Tras este carpetazo ya son más de un centenar los políticos y cargos públicos a los que se ha otorgado la amnistía, según los datos que maneja la plataforma independentista Alerta Solidària. En los últimos meses se ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Maties Serracant, el exalcalde de Sabadell condenado por desobediencia al facilitar la consulta. Y también de ocho exmiembros de la Mesa del Parlament –Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Josep Costa, Adriana Delgado, Roger Torrent y Eusebi Campdepadrós–, que fueron castigados por haber tramitado normas para el referéndum o por haber permitido, tras la sentencia del 1-O, resoluciones relacionadas con la autodeterminación o que reprobaban a la monarquía.No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer. El Tribunal Supremo, para empezar, aún no ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional. Tras conocerse hace una semana el fallo, que le ordena declarar "amnistiado" el "delito de malversación de caudales públicos", tanto el instructor del procés –el magistrado Pablo Llarena– como la Sala de lo Penal dieron cinco días a las partes para pronunciarse sobre una medida de gracia que, por el momento, se ha resistido a aplicar a Puigdemont, Junqueras y los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.La malversación ha sido el gran obstáculo para los líderes del procés. Los magistrados, retorciendo la norma, concluyeron que los hechos atribuidos a los independentistas se escapaban por completo del ámbito de aplicación de la amnistía. Cuestión distinta era la de la desobediencia o los desórdenes públicos, que tras las últimas reformas penales quedaron atribuidos al presidente del Parlament, Josep Rull, la expresidenta Carme Forcadell, el exconseller Joaquim Forn o los Jordis. En ese caso, el Alto Tribunal consideró que ambos delitos eran amnistiables. Y, de hecho, ya ha ido aplicando la medida de gracia en algunas de estas causas. Sin embargo, aún no lo ha hecho para estos últimos líderes independentistas.A la espera se encuentran, del mismo modo, Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y exsecretario de Hacienda, respectivamente. El primero está acusado de haber tenido una "participación activa" en la preparación del 1-O, atribuyéndole, entre otras cosas, la obtención de datos personales de ciudadanos catalanes de forma irregular para conformar un censo o la autorización de "determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal". A Salvadó, por su parte, se le atribuye "el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado".El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también planteó, en este caso, algunas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tras la respuesta que la corte de Luxemburgo dio en julio a varias preguntas planteadas por otros órganos judiciales sobre la amnistía, los abogados de ambos intentaron que el tribunal catalán aplicase de una vez por todas la medida de gracia alegando que las cuestiones ya estaban respondidas. Pero se negó. Los magistrados consideraron que las sentencias no contestaban a todas las "reservas" planteadas. Por ello, aún se está a la espera de que Luxemburgo responda a las prejudiciales planteadas en este procedimiento.Las cifras de Alerta Solidària reflejan que ya se han beneficiado de la amnistía 158 agentes. Y también 189 activistas y manifestantes. Otros 21, sin embargo, la han solicitado y aún se encuentran a la espera de respuesta. Es el caso, por ejemplo, de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo. Tres meses después de que la justicia europea avalase que estas personas podían beneficiarse de la Ley de Amnistía, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado al respecto. Por el momento, ha pedido opinión a las partes personadas. Entre ellas, la Fiscalía, que insistirá en que se aplique ya la medida de gracia a esta docena de procesados.

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El Tribunal de Cuentas da carpetazo al frente contable del procés. Tras meses de tiras y aflojas, de cuestiones prejudiciales e interpretaciones, el máximo órgano fiscalizador ha aplicado finalmente este miércoles la amnistía a los 35 ex altos cargos de la Generalitat encausados por la factura del referéndum del 1-O y la promoción exterior del proceso soberanista. "Resulta claro que están incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley los hechos que constituyen el objeto del presente procedimiento", ha sentenciado el tribunal. La resolución supone un paso más hacia una amnistía que aún debe acatar el Tribunal Supremo y que está pendiente de aplicación en decenas de casos, que afectan tanto a activistas como a políticos.

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