El Tribunal de Cuentas ha absuelto este miércoles, gracias a la aplicación de la ley de amnistía, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos del Govern inculpados por los gastos del "procés". La absolución llega tres meses después de que la justicia europea aprobara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación del que estaban acusados.

En la sentencia, el Tribunal acuerda exculpar a los 35 demandados por la Fiscalía y Societat Civil Catalana por los gastos del 1-O, el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, y la promoción exterior del "procés". También obliga a levantar las fianzas impuestas a los acusados y supone que los líderes del "procés" que han sido absueltos pueden volver a presentarse a las elecciones.

Este fallo absuelve del delito de malversación a los responsables de la contabilidad que acompañó el proceso independentista, a los que la Fiscalía pedía 3,4 millones de euros, y entre los que se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras y el expresidente Artur Mas. También Dolors Bassa, la exconsejera de Trabajo cuya amnistía fue respaldada la semana pasada por el Tribunal Constitucional.

Esta sentencia llega una semana después de que el Supremo retirara la orden de detención nacional que pesaba sobre el expresidente Carles Puigdemont, quien ahora tiene vía libre para regresar a España después de nueve años. Puigdemont se trasladó a Waterloo, en Bélgica, en octubre de 2017, cuando, junto a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, salió de España antes de que la Fiscalía los acusara de rebelión a ellos y al resto del Govern.

La absolución se ha producido tras establecerse que, se reconoce que no está acreditado que se utilizaran "fondos procedentes de la Unión Europea, ni administrados por esta ni a cuenta de esta" para financiar el proceso independentista. Además, el Tribunal Constitucional declaró para que la ley de amnistía no pueda aplicarse a un delito de malversación, debe haber un desvío de fondos para el “aprovechamiento particular”. En este caso, no es aplicable, ya que, al financiar el referéndum, el lucro personal no existió.

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La decisión se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara en julio aplicar la amnistía al delito de malversación. Los jueces consideraron que la ley de amnistía no es contraria a los intereses financieros de la UE ni a sus directrices en cuanto a terrorismo.

La consejera del Tribunal de Cuentas fue cuestionada por demorar la amnistía después de que esta fuera respaldada por la justicia europea, pues insistía en que si los fondos provinieran del presupuesto comunitario "la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable".

Para la consejera, era "razonable" preguntarse si los fondos del procés procedían de las finanzas comunitarias, teniendo en cuenta que los presupuestos de la Generalitat incluyen cada año ingresos nutridos con transferencias de la Unión Europea.