Todo comenzó como una presunta venganza judicial. Cuando una entonces jueza de instrucción de Castellón, Sofía Díaz (hoy presidenta de la Audiencia Provincial), sobreseyó unas denuncias por supuestos abusos sexuales a dos menores en el marco de una disputa por su custodia. El denunciante y padre de las niñas, Reinaldo Colás, señalaba a la pareja de su exmujer como presunto autor y, desestimadas sus pretensiones, inició una cruzada contra la magistrada, una brutal campaña de difamación de la que también fueron objeto todas aquellas personas que participaron en el proceso.

El instigador (ya fallecido) del ya conocido como caso bar España, cuyo juicio comenzó el viernes en la Audiencia de Castellón, presentó entonces una multiplicidad de denuncias en diferentes organismos, fiscalías y juzgados que, al demostrarse ser falsas, finalizaron también archivadas.

Al mismo tiempo, desde diferentes plataformas digitales, tanto él como el resto de los acusados, durante más de 20 años, vertieron dantescas acusaciones no solo contra la citada jueza, sino contra representantes políticos, judiciales y empresarios, con el único fin de atentar contra su honorabilidad. Según recoge la Fiscalía, los procesados afirmaron que en el Baix Maestrat existía una trama de pederastia que promovía orgías con menores de edad e, incluso, sacrificios humanos en masías de la zona. Todo ello, con la supuesta connivencia del bar España, que sí existía y estaba ubicado en Benicarló.

El Ministerio Público aporta datos que ayudan a imaginar la dimensión de la difamación: en Google aparecen 208.000 resultados en 0,54 segundos cuando se buscan las palabras caso bar España. Cada página web ha tenido millones de visualizaciones a lo largo de los años, habiéndose difundido en la sociedad española la existencia de una red de pederastia y de corrupción judicial, como señala el fiscal del caso. Otro ejemplo numérico: solo uno de los hilos publicados sobre la presunta trama mafiosa llegó a tener más de 4.600 mensajes en 465 páginas y más de tres millones de visualizaciones.

Desde el pasado viernes y hasta el próximo día 26 de octubre, el Juzgado de lo Penal número 3 acoge el juicio que sienta en el banquillo a seis personas por delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita penas que suman hasta 58 años y medio de prisión y una indemnización de 1,3 millones de euros.

El juicio comenzó el pasado viernes con gran expectación mediática, retrasos por problemas informáticos y un ingente volumen de cuestiones previas que obligaron a retrasar la declaración del primer acusado al martes. Una jornada en la que está prevista la declaración de hasta 18 testigos y que, muy previsiblemente, también acabará por retrasar la práctica de la prueba y señalar más días de juicio por el histórico bulo de orgías con menores y asesinatos.

El juez del Juzgado de lo Penal 3 que dirige el juicio por el caso Bar España ha confirmado que tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (ambos víctimas de las injurias y calumnias vertidas durante más de dos décadas en internet) declararán por videoconferencia el próximo martes. En el caso de Fabra, alegando motivos de salud, según señaló el tribunal.

Ese mismo día hay previstas 18 testificales (además de la declaración pospuesta el viernes del acusado Javier F.T.) y entre quienes comparecerán como testigos también constan la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra o la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, principal víctima del caso por ser objeto de la venganza judicial que dio inicio al caso bar España. Si bien la expectación mediática fue grande durante la primera jornada, se prevé máxima para asistir a la declaración de los expolíticos.

El juicio está señalado, inicialmente, en seis jornadas y se prolongará hasta el 26 de octubre, si bien la Fiscalía ya ha advertido de que deberán contemplarse más sesiones ante la gran cantidad de pruebas a practicar. El juez ha señalado que lo valorará «sobre la marcha».

Precisamente, antes del martes el magistrado debe pronunciarse acerca de una de las cuestiones planteadas por las defensas en el turno de cuestiones previas: la legitimidad de la Fiscalía para estar presente en un procedimiento penal por injurias y calumnias (además de delitos contra la integridad moral). Según los letrados, son delitos privados que requieren una querella privada y una posible conciliación, mientras que el fiscal considera que a perjudicados como Camps, Fabra, Oltra o Díaz «se hace referencia precisamente por su cargo, no como simples ciudadanos». En este sentido, el represente del Ministerio Público reivindicó que actúa «autónomamente» y «en defensa de la ley y los derechos de los ciudadanos».

Suscríbete para seguir leyendo