Dos horas de retraso por problemas informáticos y más de tres horas de cuestiones previas planteadas por las partes han lastrado el inicio del juicio del caso bar España de Benicarló. A las 9.00 horas de este viernes debía comenzar el macrojuicio en la Ciudad de la Justicia de Castellón por el histórico bulo sobre la existencia de una supuesta red de pederastia en el Baix Maestrat de la que formaban parte cargos políticos y judiciales, si bien la declaración del primer acusado ha debido posponerse al próximo martes ante el ingente volumen de cuestiones legales planteadas por las partes -especialmente, las defensas-. Era la única prueba planteada para el día de hoy y ni siquiera esa ha podido llevarse a cabo. Como ha indicado el propio juez del Juzgado de lo Penal 3 que dirige el caso cuando ha dado comienzo la vista, "luego dicen que la Justicia es lenta...".

El fiscal, Javier Carceller, ha señalado en una de sus intervenciones que va a "seguir adelante" con el procedimiento "le pese a quien le pese" ante las cuestiones alegadas por las defensas de los acusados, que dieron voz durante más de dos décadas a las teorías de la conspiración acerca de la existencia de orgías con menores y dantescos sacrificios humanos en el interior de la provincia. Los letrados han planteado indefensión de derechos fundamentales, han pedido la nulidad del procedimiento, omisión del deber de perseguir delitos, fraude procesal, detenciones ilegales, cuestiones de competencia e, incluso, han planteado si la Fiscalía tiene legitimidad o no para representar a las víctimas en un procedimiento penal. "¿Si el fiscal no hubiese actuado, qué habría pasado?, ¿seguirían todavía colgando en internet noticias sobre este asunto?", ha preguntado Carceller, quien ha sostenido que no va a "permitir" que se diga que las primeras denuncias presentadas por el ya fallecido Reinaldo Colás -instigador del caso bar España por una venganza judicial- sobre unos supuestos abusos sexuales a sus hijas no se investigaron. "Hubo investigación, juicio y sentencia condenatoria por denuncia falsa", ha recordado.

Una de las cuestiones que más polémica ha despertado este viernes en el arranque del juicio oral ha sido la comparecencia por videoconferencia de algunos de los acusados y testigos. De hecho, solo tres de los siete procesados han estado sentados en el banquillo de los acusados, mientras que el resto ha seguido el caso por Webex y no sin problemas precisamente. La nota más surrealista la ha puesto el acusado Javier F.T, quien se defiende a sí mismo en su condición de abogado colegiado de Madrid y ha declarado desde Irlanda, quien ha sido apercibido en varias ocasiones de que debía conectar su cámara para que todos los presentes pudieran verlo. En una primera ocasión ha señalado que "un familiar había pasado por delante" y no quería que lo vieran, mientras que en una segunda ocasión ha admitido que estaba "desayunando y no quería que lo vieran masticar".

Por cosas como esta tanto la Fiscalía como los letrados y el propio juez -no fue él quien adoptó esta decisión, sino otro magistrado- han expresado su desacuerdo con que acusados y testigos pudieran declarar por medios telemáticos en lugar de estar presentes en la sala 20 de la Ciudad de la Justicia de Castellón. El acusado ha llegado a afirmar, a este respecto, que estaría "encantado de venir a Castellón si el viaje se paga con fondos de la Fiscalía".

Precisamente, el tribunal ha confirmado que tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra -ambos víctimas de las injurias y calumnias vertidas durante más de dos décadas en internet- declararán por videoconferencia este próximo martes. En el caso de Fabra, alegándose motivos de salud. Ese mismo día también están citados a declarar como testigos la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra o la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, Sofía Díaz, principal víctima del caso.

Cabe recordar que la acusación se dirige en estos momentos contra seis acusados (más un responsable civil subsidiario como editor de un medio digital), si bien otros cinco promotores del bulo del bar España han fallecido durante la instrucción del caso. La Fiscalía ve delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral por los que pide penas que suman hasta 58,5 años de cárcel para uno de los acusados y una indemnización total de 1,3 millones de euros para quienes durante años vieron sus nombres relacionados con abusos sexuales a menores y asesinatos en internet.

El titular del Juzgado de lo Penal número 3 ha suspendido el juicio hasta el próximo martes a las 9.00 horas, cuando se pronunciará sobre la legitimidad de la Fiscalía -tras haber estudiado en profundidad las cuestiones planteadas por las defensas a este respecto-. Si decide dar comienzo a las declaraciones, será el acusado y letrado Javier F.C. quien tome la palabra en primer lugar. Más tarde, se seguiría con una larga lista de hasta 18 testigos entre los que están Díaz, Camps, Fabra, Oltra y otros cargos públicos.

El juicio está previsto que dure seis jornadas, hasta el próximo día 26 de octubre, si bien la Fiscalía ya ha advertido de que deberán señalarse más sesiones ante la gran cantidad de prueba a practicar.

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