Todo lo que sé de ella es que el año que celebró su decimoséptimo aniversario, 1956, su padre alquiló un piso cerca del parque del Retiro. Una ley franquista establecía que el casero no podía echar al inquilino cuando venciese el contrato. Y, si fallecía, su cónyuge podía subrogarse en el alquiler. Fallecido el padre en 1961, la madre ejerció ese derecho. Mientras tanto, Maricarmen siguió viviendo con su madre y mantuvo un breve matrimonio, del que no tuvo hijos. Tras realizar los estudios pertinentes, trabajó de secretaria del consejo de administración y auxiliar administrativa en una empresa farmacéutica. Nada que objetar, pero no movió ni un dedo contra la dictadura.

Su problema se inició en 1994, cuando Felipe González, en connivencia con su ministro Josep Borrell, impulsó una Ley de Arrendamientos Urbanos. Establecía que los inquilinos y sus cónyuges podían continuar en sus viviendas hasta que falleciesen, pero no sus hijos, a los que les concedía dos años de prórroga. Con dos excepciones: padecer una incapacidad del 66% o haberse subrogado en el contrato antes de 2004. Ya jubilada, solo le dieron una incapacidad del 50% y su madre no falleció hasta 2005, demasiado tarde para la prórroga vitalicia. Así que desde 2007 pudo seguir viviendo en aquel piso pagando una renta muy modesta porque el propietario no ejerció las ventajas que le concedía la legislación felipista. ¿Es eso motivo de admiración?

En 2018 el piso fue adquirido por Urbagestión, que le ofreció que comprase el piso, pero ella no tenía dinero suficiente. Entonces le subieron el alquiler a una cantidad superior a su pensión. Como no pudo satisfacer esa demanda, iniciaron un desahucio. En respuesta, se acercó al Sindicato de Inquilinas, fundado el año anterior. ¿Por qué se llama sindicato si no es ninguna agrupación de trabajadores?

En noviembre de 2025 escribió a Pedro Sánchez que “usted tiene la capacidad, la responsabilidad y el poder de cambiar esto”. No obtuvo respuesta. Si combatía contra una ley felipista y el Gobierno sanchista no la ayudó, ¿de dónde viene lo de icono?

Ese mes la administración regional del PP le ofreció una plaza gratuita en una residencia. En enero de 2026 ella solicitó al Ayuntamiento, también del PP, una plaza de residencia. En abril se le adjudicó una plaza autonómica en Alcalá de Henares. Por su parte, el Ayuntamiento le ofreció una residencia municipal. Pues bien, no aceptó ninguna de esas ofertas. Si no carecía de alternativas habitacionales, ¿por qué un icono? Al cuarto intento, el desahucio prosperó. Como ya recibía asistencia domiciliaria porque su salud se había debilitado, fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Tras unas negociaciones dirigidas por su abogada, con el Ayuntamiento como mediador, la propiedad accedió a que volviese al piso con una renta muy modesta. Y ella aceptó. Desgraciadamente, falleció el día que iba a firmar el privilegiado contrato. Descanse en paz, pero ¿cabe considerar víctima del sistema a una persona que cobraba una pensión del Estado, recibía ayuda sanitaria a domicilio y rechazó al menos tres plazas en residencias públicas?

El desahucio había sido ratificado por el TS. Admitiendo que fuese democrático luchar contra las leyes de la dictadura, ¿no es antidemocrático incumplir sentencias en la democracia? ¿Y no lo es decir que el parlamento traiciona a la gente? A raíz del óbito de Maricarmen, CCOO y UGT han convocado la huelga general que no habían hecho en los ocho años de Gobierno sanchista. Una vez convocadas las elecciones, ¿es democrática una huelga general contra la oposición? Si me dan a elegir, me quedo con Soto y Saborido.